Un pacto de estado por la transición energética sin una hoja de ruta para descarbonizar la economía es papel mojado. Para un país como España, que incumple todos los objetivos de emisiones y confunde el crecimiento con el mayor consumo de energía, el compromiso adquirido en la cumbre del clima de París para reducir un 40% las emisiones en 2030 exige un cambio radical de la regulación eléctrica y ambiental hacia la generación renovable, distribuida e inteligente.
La transición energética avanza. La volatilidad del precio del petróleo ha provocado una reducción del 50% de la inversión en exploración de nuevas reservas y pérdidas generalizadas en el sector petrolero, lo que provocará problemas de suministro en la próxima década. La crisis se ceba en los países productores de gas y crudo, incluida Argelia. Arabia Saudí ha iniciado su plan Saudí Vision 2030 para poder “vivir sin petróleo en 2020” y las petroleras renuncian a perforar al Ártico.
Es la consecuencia de un problema de rentabilidad. Mientras los costes de los combustibles fósiles y de la energía nuclear mantienen la tendencia al alza, los costes de las energías renovables bajan y mantienen márgenes de reducción, lo que provoca un descenso estructural de la demanda de energía. El agotamiento del modelo energético convencional modifica las condiciones de competitividad obligando a introducir cambios en el negocio eléctrico.
Las eléctricas europeas han depreciado sus activos en más de 100.000 millones de euros y han anunciado planes de inversión de 85.000 millones en renovables, redes y almacenamiento. El cambio climático acelera esta transformación y frente a las grandes centrales térmicas surge la generación renovable local y descentralizada. Un cambio estructural en el sector eléctrico se empieza a abrir paso y una nueva estrategia de negocio orientada al consumidor y al ahorro de energía antes que a mantener la rentabilidad de sus activos convencionales.
EEUU ha conseguido reducir sus emisiones hasta el nivel de los años noventa duplicando su potencia renovable cada tres años desde 2009. Los hogares y pymes consumen energía renovable como nunca, con autoconsumo y balance neto. En 2016 se ha alcanzado la cifra de un millón de hogares con energía solar.
CHINA ha pasado en cinco años de invertir 39.000 millones de dólares a 111.000 millones en renovables. Su gobierno acaba de aprobar la prohibición de nuevas centrales de carbón, garantizar la venta de energía eólica y fotovoltaica a la red y que en 2050 las renovables representen el 60% de la energía primaria y el 85% del consumo de electricidad.
EUROPA, pese a tener aprobada desde 2011 una hoja de ruta para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) un 80%-95% en 2050, ha reducido su inversión en renovables por decisiones políticas y por la contradicción que Bruselas ha creado en su propuesta de la Unión de la Energía entre reforzar el gas en el mix europeo o recuperar el liderazgo mundial en renovables.
Su contradictoria estrategia energética está poniendo en cuestión el liderazgo de la UE en la transición hacia una economía baja en carbono y retrasa el cambio regulatorio imprescindible que atraiga la inversión para convertir al consumidor en el centro del sistema a través de la generación descentralizada, el almacenamiento en baja tensión y los contadores inteligentes.
La reacción de las grandes eléctricas europeas refleja la misma contradicción entre aquellas que han apostado por los nuevos modelos de negocio y las que insisten en el modelo convencional. La próxima negociación sobre cómo los 28 estados miembros se proponen cumplir el compromiso de la cumbre de París deberá aclarar la hoja de ruta europea al seguir careciendo de política energética común.
ESPAÑA se ha decantado por una regulación que prescinde de objetivos de emisiones, impide los nuevos modelos de negocio y refuerza los combustibles fósiles, haciendo imposible cumplir los compromisos que ha firmado en la cumbre de París para 2030. Pese a que la mayor penetración de renovables es el único elemento que reduce el precio de la energía, se mantiene la moratoria y una regulación que protege los ingresos del modelo convencional, más caro y contaminante.
En correspondencia con la “Hoja de ruta de la UE para una economía descarbonizada y competitiva en 2050”, España debe elaborar su propia hoja de ruta para que los inversores tengan certeza de la dirección a largo plazo de la política energética y las medidas para alcanzar los compromisos de reducción de GEI. Se trata de una hoja de ruta no solo energética, sino industrial y tecnológica, que deberá optar entre dos modelos y regulaciones incompatibles:
- Modelo energético centralizado y vertical, sin competencia, basado en la dependencia de los combustibles fósiles, que traslada los costes y déficits del sistema a los consumidores pasivos, que no contabiliza las emisiones ni los riesgos ambientales o de seguridad y penaliza el ahorro de energía.
- Modelo energético descentralizado que sitúa al consumidor en el centro del sistema facilitando su participación activa a través del autoconsumo compartido con almacenamiento, contadores inteligentes y servicios energéticos para ahorrar energía integrando las energías renovables en la edificación y el transporte, la agricultura y la industria.
La interrelación de las políticas de energía y clima está impulsando los nuevos modelos de negocio energético para los que es imprescindible una estrategia y una regulación a largo plazo.
