La Unión Europea ha aprobado incrementar el objetivo de reducción de emisiones hasta el 55% en 2030 y ha propuesto el paquete “Fit for 55” para fijar un precio al CO2. El Gobierno de España ha sido el primero de la democracia en proponer la modificación de la conformación de precios del mercado mayorista para desconectarla del recibo de la luz y acabar con la posición de dominio del pool eléctrico en la fijación de los precios de la electricidad.

Las advertencias de la ONU sobre el carácter irreversible de los impactos del cambio climático por la acción del hombre y los objetivos europeos más exigentes de descarbonización cuestionan la viabilidad de los mercados energéticos basados en las energías convencionales a gran escala y en el modelo energético gestionado de forma centralizada y vertical.