Los grandes bancos del mundo y las empresas energéticas de Europa han reclamado a Bruselas que se impulse la inversión en infraestructuras eléctricas y gasistas ante la paralización de gran parte de los proyectos de interconexiones y para ello exigen dos condiciones: que se les garantice la retribución de las inversiones a través de la facturación a los consumidores y que se establezca un sistema específico de arbitraje internacional frente a los cambios regulatorios.
Es una forma de resistencia a los cambios que han de producirse como consecuencia de los acuerdos sobre el clima de París (COP 21), que 155 países firmaron el mes pasado en Nueva York, y al compromiso de descarbonización de la economía, calificado por la Comisión Europea como una revolución en favor de las renovables. Quieren asegurarse la seguridad jurídica que han negado a las renovables y al autoconsumo.
Hay que destacar el paralelismo de estas propuestas con las contenidas en el acuerdo comercial transatlántico que negocian en secreto la UE y EEUU (TTIP) en el que también se reclama para las multinacionales un arbitraje privado internacional al margen de la legislación europea y nacional.
¿Qué supone para España el acuerdo firmado en la ONU para reducir un 40% las emisiones en 2030? El acuerdo exige un cambio radical de la regulación eléctrica y ambiental para multiplicar por tres la potencia renovable a través de la generación distribuida, con autoconsumo y almacenamiento. Toda la edificación deberá ser de calificación energética A y los vehículos 100% eléctricos para prescindir de la generación térmica más contaminante. De lo contrario, con las políticas actuales, España no cumplirá el compromiso adquirido.
¿Qué supone el TTIP para el cambio de modelo energético que se deriva de la firma por España del acuerdo de París? Si se tiene en cuenta que el 60% de nuestras redes de gas, petróleo y electricidad son propiedad de inversores extranjeros, de la misma manera que la propiedad de eléctricas y gasistas, y que España ha adoptado una legislación que incentiva los hidrocarburos y el fracking y paraliza la inversión renovable, los tribunales de arbitraje ad hoc pueden hacer imposible el cambio regulatorio para la descarbonización del sector energético.
La reciente visita del presidente Obama a Europa ha tenido por objeto presionar a los líderes europeos para firmar el TTIP antes que termine 2016. A partir del mes de julio comenzará en Bruselas la negociación sobre los compromisos de los 28 estados miembros de la UE para cumplir el acuerdo climático de París. Son los dos retos de 2016 para definir una política de energía y clima que deberán abordar las siguientes cuestiones:
- La negociación de España en Bruselas sobre el compromiso de reducción del 40% de emisiones en 2030 ha de partir del abandono de la metodología oficial que considera el PIB en paridad de compra y las emisiones per cápita como únicos indicadores. Es un truco que rebaja automáticamente los objetivos de emisiones y eficiencia energética. A la vez, España debe incorporarse al grupo de países que demandan un mercado de derechos de emisión que deje de asignarlos gratuitamente a las empresas que contaminan y permita elevar el precio del CO2 para que lo paguen los contaminadores.
- La Unión de la Energía, aprobada por las instituciones europeas en 2015, debe clarificar la contradicción entre reforzar el gas en el mix energético, importando más gas de Rusia, EEUU y Argelia, y el criterio que establecen las directivas de eficiencia energética y de edificios para sustituir por renovables el consumo de gas y petróleo en la edificación y el transporte.
- España debe aprobar su propia Hoja de Ruta 2050 en coherencia con la acordada por la UE en marzo de 2011 para reducir las emisiones de CO2 un 90% en 2050, introduciendo en la regulación eléctrica el CO2 como factor de competitividad y de cohesión.
- El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) no se debe ratificar al tratarse de una estructura supranacional que protege a las multinacionales por encima de la legislación y los tribunales nacionales y europeos, inaceptable para cualquier estado democrático. Para España, supone una pérdida de soberanía energética con costes inasumibles para el medio ambiente y la economía de hogares y PYMES.
Trasladar todos los costes a los consumidores es una estrategia de socialización de pérdidas que oculta una mala gestión política y empresarial. Para España implica un paso más en el atraso que significa la elevada dependencia energética de los combustibles fósiles y una incertidumbre para futuras crisis.
