08 julio 2026
La opinión de Javier García Breva
14 años de energía
- Energías renovables, Javier García Breva, política energética
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Los recientes Informes IPM “Europa no se puede permitir retrasar la descarbonización de su economía” y “El repliegue medioambiental de la Unión Europea” analizan con más detalle la preocupante marcha atrás de las políticas europeas de sostenibilidad ambiental.
Artículo original para la Revista Energías Renovables
La Oficina de Javier García Breva ha cumplido catorce años. El conjunto de informes y artículos es un fiel reflejo del devenir de la política energética y climática durante las dos últimas décadas, con especial atención a la Unión Europea y España.
"Se ha preservado la coherencia entre un europeísmo que considera la integración europea como la mejor alternativa de liderazgo geopolítico y la defensa de una estrategia de energía y clima que avance hacia nuevas formas de producir y consumir energía para cumplir el compromiso de reducir el calentamiento del planeta al que están obligados los gobiernos por los tratados internacionales".
Transcurrida la primera década de la ratificación del Acuerdo del Clima de París, se observa la misma evolución en las sucesivas cumbres del clima como en las políticas de la Unión Europea:
- se ha pasado de la ambición climática al retardismo y la desregulación de las políticas ambientales.
- Existe consenso sobre la necesidad de reducir las emisiones de CO2, pero no lo hay sobre la urgencia de eliminar el uso de combustibles fósiles.
- La mayor influencia de los petroestados y el avance del negacionismo explican el crecimiento de la concentración de CO2 desde 407 ppm hasta 432 ppm
- y de que solo 30 países, entre ellos España y el conjunto de la Unión Europea (UE), han desconectado el crecimiento de la economía del aumento de las emisiones.
El mundo camina por detrás del cambio climático.
Asimetría de la transición energética
La regulación de la transición energética ha seguido ritmos opuestos en España y en la UE. Entre 2012 y 2018, la regulación española destaca por la “moratoria renovable” indefinida y con carácter retroactivo para las ayudas, y el “impuesto al sol”, que paralizaron la inversión en energías renovables, y el voto de España contra la Directiva 2012/27/UE, de eficiencia energética, argumentando que más eficiencia energética penalizaba a la economía española, especialmente al sector de la construcción. La regulación contra las energías renovables, con más saña contra la solar fotovoltaica, fue una constante hasta 2018, a pesar de la ratificación del Acuerdo de París por el gobierno de España en 2016.
Por el contrario, la UE presentó en 2016 las directivas del “paquete de invierno”, que destaca por la coherencia entre los objetivos de renovables, eficiencia energética y emisiones, que se tratan como objetivos interdependientes y con una jerarquía en la que la eficiencia energética es el primer objetivo climático del que dependen los demás.
"La descarbonización forma parte del sistema eléctrico a través de la gestión de la demanda, la energía flexible y el «consumidor activo», con derecho a generar, consumir, agregar, almacenar, compartir y vender su propia energía renovable. La demanda se antepone a la oferta mediante análisis de costes y beneficios y de estudios de demanda previos a las nuevas inversiones".
A partir de 2018, con un nuevo gobierno, España ha pasado a liderar en Europa las políticas de energía y clima acelerando la inversión en energías renovables, gracias a las que ha conseguido proteger a los consumidores de las sucesivas crisis de altos precios de la electricidad en 2022 y 2026 y facilitar el acceso a los instrumentos de eficiencia energética, como el autoconsumo, comunidades energéticas, almacenamiento, vehículo eléctrico, la rehabilitación de edificios o la regeneración urbana sin cemento, asfalto ni gasolina. España lidera en 2026 la ambición climática de Europa.
La presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, presentó en 2019 el Pacto Verde Europeo con el objetivo de reducir un 55% las emisiones en 2030. En su presentación expresó la duda de que los objetivos climáticos se alcancen solo con renovables, por lo que habría que contar con tecnologías más fiables. En 2020 se aprueba el Reglamento (UE) 2020/852, sobre taxonomía de inversiones sostenibles, en el que se establece el criterio de “neutralidad tecnológica” para contar con tecnologías, como el gas fósil y la nuclear, que pasan a considerarse “energías sin efectos sobre el clima” e “importantes para la transición energética”.
El paquete legislativo “Fit for 55”, aprobado en 2023, introduce el gas y la nuclear en las directivas de renovables y eficiencia energética con conceptos equívocos, como “energías no fósiles”, “hipocarbónicas” o “de bajas emisiones”, que podrán contabilizarse en la cuota de renovables en función de “circunstancias nacionales específicas” de cada Estado miembro.
"Con este concepto, los intereses nacionales se anteponen a los intereses europeos y a las normas climáticas ya aprobadas para extender el uso de los combustibles fósiles y la energía nuclear hasta 2050. Europa entró de esta manera en la era del retardismo climático".
Distintos enfoques de la transición energética
Mientras se impulsan tecnologías de oferta inaccesibles a los consumidores, caras, sin estudios de demanda ni de costes y beneficios, las tecnologías que afectan a la demanda, más baratas, próximas a los consumidores y con mayor potencial de ahorro de energía y emisiones, se relegan, no se evalúan, se regulan tarde o de forma parcial, con menos apoyos, a pesar de su contribución a abaratar los precios de la energía, a la autosuficiencia energética y a acelerar la descarbonización.
"Cuando se ha abierto el debate sobre la competitividad de Europa, las inversiones priorizan principalmente el hidrógeno, la nuclear, renovables a gran escala, gas fósil y redes eléctricas, pensando en la inteligencia artificial, sin calcular los déficits por el derroche de recursos. Los instrumentos de eficiencia energética y de flexibilidad desde la demanda no son prioritarios a pesar de ser tecnologías más asequibles y decisivas para la transición energética. Europa repite el error que cometió al olvidar la trascendencia de las baterías de almacenamiento".
Son dos enfoques contrapuestos de la transición energética, el que prioriza la oferta de generación y la “neutralidad tecnológica” y el que prioriza el principio de “primero, la eficiencia energética” para descarbonizar los usos de la energía. Se está gestando un ciclo inversor de oferta que encaja con las operaciones corporativas de los grandes fondos y dejan desprotegidos a las industrias y hogares de futuras crisis de precios elevados de la energía.
"Las instituciones europeas han convertido el Pacto Verde en un ejemplo de retroceso climático. El giro conservador desde las elecciones europeas de 2024 ha confirmado la reversión de las normas medioambientales de la UE que se inició al reconocer el gas y la nuclear como energías verdes en 2020 y relajar las normas ambientales desde 2022".
La electrificación eficiente
A menudo se confunde la electrificación con una mayor inversión en redes. La Agencia Internacional de la Energía, en su WEO de 2025, ha confirmado que la electricidad descarbonizará la economía con medidas sencillas como la eficiencia energética de edificios y el vehículo eléctrico.
“La electrificación de la demanda se puede abordar de dos formas distintas, convirtiendo cada centro de consumo en una central eléctrica con los instrumentos de eficiencia energética y consumidores activos o enchufando a la red eléctrica centralizada todos los consumos, suponiendo que toda la energía de la red será de origen renovable”.
La electrificación a través de la generación renovable distribuida con almacenamiento y recarga de vehículos eléctricos en cada centro de consumo es la electrificación eficiente porque facilita el acceso de los consumidores a una energía barata, limpia y segura y estabiliza la red eléctrica por la proximidad entre la generación y el consumo. Por el contrario, la electrificación desde la red centralizada es ineficiente porque congestiona la red, encarece la factura eléctrica por sus mayores costes e impide la coherencia entre la generación y la evolución de la demanda, ya que su falta de flexibilidad tiende al derroche y no facilita al consumidor el ahorro de energía.
“Son dos modelos de electrificación, el que avanza con la generación distribuida, la gestión de la demanda y el control del consumidor y el del sistema eléctrico centralizado y vertical, basado en consumidores pasivos y generación a gran escala con altos precios de la electricidad”.
La Agencia Europea del Medio Ambiente informó en 2025 que los objetivos medioambientales para 2030 no se van a alcanzar y su cumplimiento solo depende de que se cumpla la legislación ya aprobada. El laboratorio de ideas Sandbag ha concluido que solo con aplicar las políticas ya aprobadas, la UE podría reducir hasta un 58% sus emisiones.
La solución la describe con claridad la Recomendación (UE) 2021/1749, sobre la aplicación práctica del principio de “primero, la eficiencia energética”. En su considerando número (8) se expresa así: “El objetivo del principio es tratar la eficiencia energética como el primer combustible, que es una fuente de energía por derecho propio, en la que los sectores público y privado pueden invertir por delante de otras fuentes de energía más complejas o costosas. Implica un cambio del modelo tradicional de producción y consumo de energía, basado en grandes proveedores dominados por los combustibles fósiles y consumidores pasivos que asumen precios, hacia un sistema más flexible, que incorpore tecnologías renovables y se centre en los consumidores de energía activamente comprometidos”.
