02 septiembre 2025
La opinión de Javier García Breva
La estrategia de Von der Leyen para dar la puntilla a la Agenda Verde Europea
Después de los informes de Mario Draghi y Enrico Letta sobre competitividad y el mercado único, se esperaba que el proyecto de Presupuesto de la Unión Europea 2028-2034, presentado en el mes de julio por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, seguiría sus directrices aumentando los recursos comunitarios y avanzando en la integración de los mercados de los 27 Estados miembros. Por el contrario, contiene la misma falta de visión y liderazgo para defender la dirección del proyecto europeo que tuvo Alemania en la crisis de la deuda de 2008; pero ahora, en un contexto en el que está en juego la irrelevancia de Europa.
En el nuevo Informe IPM “El repliegue medioambiental de la UE” se analiza la preocupante marcha atrás de las políticas de sostenibilidad de la UE relacionándola con los distintos enfoques de la transición energética y realiza una detallada descripción de cómo esta regresión se refleja en el articulado y considerandos del paquete normativo “Fit for 55”. El contenido del Informe IPM resulta esclarecedor para comprender decisiones fundamentales de la Comisión Europea como el proyecto de Presupuesto de la UE 2028-2034 o el reciente acuerdo comercial de la UE con los EEUU.
Un presupuesto europeo regresivo
El presupuesto tiene dos años de debate por delante, pero el punto de partida es decepcionante:
- Los recursos aumentan del 1,13% del PIB europeo al 1,26% (1,8 billones de euros), muy por debajo del 2% previsto cuando Von der Leyen habló de una nueva era y de una revolución. Lo que se modifica regresivamente es la estructura del presupuesto.
- Los fondos estructurales y de cohesión (865.000 mil millones de euros) se unifican y se reduce su cuantía.
- Se crea el Fondo de Competitividad (451.000 millones de euros) que agrupa el gasto en defensa (131.000 millones de euros), política digital, transición limpia, descarbonización e investigación.
- La asignación de estos recursos no se hará a través de los programas operativos, que obligan a los gobiernos a una planificación priorizada desde Bruselas, sino mediante planes nacionales de cada Estado miembro.
El proyecto de presupuesto elimina 500 programas operativos que se sustituyen por 27 planes nacionales.
Se justifica como simplificación administrativa, pero se trata de una desregulación de la planificación de los fondos europeos que se transforma en una nacionalización de la gestión del presupuesto, que adquiere una dimensión más nacional y menos europea. Con la excusa de reducir la burocracia se diluyen las políticas de cohesión social y territorial, así como los compromisos de energía y clima, en el nivel de las políticas de los gobiernos nacionales.
Cada gobierno determinará sus prioridades y, aunque la Comisión establezca que el 35% del gasto se destine a clima y un 14% a política social, tendrán más peso los intereses nacionales que el interés europeo.
La conclusión es que aumentará la fragmentación del mercado, alejándose del objetivo del mercado único, y que el interés nacional redundará en la aplicación de la neutralidad tecnológica para incentivar las inversiones en energías no renovables, en detrimento de inversiones más competitivas en renovables, generación distribuida o eficiencia energética.
Es coherente con las directivas del paquete “Fit for 55”, que han introducido el gas y la nuclear como energías renovables, por los intereses nacionales de Alemania y Francia, con el argumento de que ayudan a reducir las emisiones.
La Comisión Europea ha planteado la creación de un fondo para situaciones de crisis de 395.000 millones de euros que se activará por el Consejo Europeo y se financiaría con deuda comunitaria. De momento es inviable por la negativa de Alemania y Países Bajos. Si se quiere progresar en la integración y la competitividad de Europa es necesario dotarse de más recursos propios y deuda soberana para aprovechar el atractivo de los inversores extranjeros por los eurobonos. Eso exige un presupuesto más comunitario y menos nacional.
Sustituir la dependencia del gas ruso por la dependencia del gas de EEUU
El Fondo Monetario Internacional ha calculado que las barreras en el mercado interior europeo equivalen a aranceles del 45% para la industria y del 110% para los servicios. Esta debilidad europea debería haber sido afrontada por la Comisión, pero coincide con la debilidad de Alemania que perjudica al resto de países y determina la negociación del acuerdo comercial con Donald Trump.
El acuerdo entre EEUU y la Unión Europea supone una subida del 15% de los aranceles. Sin embargo, no se comprende desde qué punto de vista de los intereses europeos se puede acordar la compra a EEUU de petróleo, gas y tecnología nuclear por 680.000 millones de euros en tres años, que es cuatro veces más de lo que se importó en 2024. La visión de la Agenda Verde Europea de Von der Leyen es un disparate.
Se sustituye la dependencia del gas de Putin por la dependencia del gas de Trump y se traicionan los objetivos climáticos y el liderazgo europeo inundando Europa con más dependencia energética y energía cara y contaminante.
Los intereses nacionales perjudican el proyecto europeo y la agenda climática. Pero hay que rentabilizar las multimillonarias inversiones en GNL e hidrógeno. Para ello, la taxonomía sobre inversiones sostenibles decidió desde 2020 que el gas y la nuclear son importantes para la transición energética.
Las directivas de eficiencia energética y de renovables de 2023 lo expresan con claridad: se trata de reducir el uso de combustibles fósiles a excepción del gas natural y de alcanzar los objetivos climáticos combinando las fuentes renovables con las no renovables, ahora llamadas “no fósiles” como reclamo.
¿Qué prioridad tendrá la emergencia climática en los planes nacionales para 2028-2034?
Desde las elecciones europeas de 2024, la derecha y la extrema derecha han aumentado su presencia en las instituciones europeas, a la vez que ha comenzado a romperse el veto a la ultraderecha, que ya forma parte de la Comisión Europea. La gestión de Von der Leyen se ha vuelto errática y contradictoria con respecto a sus prioridades. Está más cerca de los intereses nacionales que de la ambición que necesita Europa para pintar algo en el mundo.
Quienes conozcan la programación de los fondos europeos de los últimos cuarenta años se preguntarán cómo los futuros planes nacionales tratarán la prioridad de las políticas de energía y clima y cohesión en el contexto de la emergencia climática.
En España tenemos el anticipo de la alianza PP y VOX en las autonomías y ayuntamientos. Destaca el entusiasmo por las inversiones en centros de datos, hidrógeno o centrales nucleares y el retraso en rehabilitación, autoconsumo, vehículo eléctrico, regeneración de ciudades convertidas en parques temáticos para el turismo, el desprecio por la eficiencia y el medioambiente o las zonas de bajas emisiones para eliminar el urbanismo de las islas de calor. Es la agenda negacionista.
En el reglamento de la taxonomía sobre inversiones sostenibles de 2020 se pretendía combatir el “blanqueo ecológico”; pero nadie se imaginó que la realidad iba a ser todo lo contrario. Se ha abierto un hueco a las inversiones y actividades que contaminan o producen emisiones de carbono que podrán seguir haciéndolo con financiación europea y etiqueta verde.
