Los tres años de reforma energética ininterrumpida bien merecen un análisis en relación a los objetivos que proponía alcanzar. El “Informe 2013 del Observatorio de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad de la Universidad Pontificia de Comillas” es un texto de lectura recomendable para una primera aproximación.
Los indicadores del informe sobre datos de 2012 señalan que con una caída del consumo final de un 5,4% se produjo un aumento de la intensidad energética primaria por un aumento del petróleo y el carbón en el sistema. La consecuencia es un crecimiento del 6,6% de las emisiones de CO2 y de la dependencia energética hasta el 86%, incrementando la factura de las importaciones energéticas y nuestra distancia sobre Europa en estos indicadores. Lo datos confirman la estabilidad de las renovables, sobre 2011, que han supuesto el 10% de la energía primaria y un 31% de la generación eléctrica. Esta estabilidad se ha transformado en estancamiento en los años posteriores al haberse reducido un 96% la inversión renovable.
Los precios finales de la energía subieron un 10% para los hogares y un 7% para la industria y los precios de la electricidad siguen superando la media europea. Los precios del gas también subieron por encima de la media europea para los hogares.
La norma central de la reforma ha sido la Ley 24/2013 del sector eléctrico con el único objetivo de eliminar el déficit de tarifa. Sin embargo, “la Ley no establece el mecanismo fundamental e imprescindible para terminar con el déficit de la tarifa eléctrica: que la tarifa se calcule transparentemente a partir de todos los costes y precios previstos del sistema y que no se fije por el Gobierno. Así, al no garantizar la eliminación del déficit, no es de extrañar que de nuevo 2013 haya terminado con un déficit superior al previsto”. Posteriormente, en julio de 2014 se ha aprobado el RDL 8/2014 que incluye la primera parte de la reforma gasista que establece el mismo criterio de cargar automáticamente a los peajes los desequilibrios del sistema gasista.
El RD 413/2014 de renovables “reduce la retribución garantizada por anteriores normativas a las instalaciones existentes y desincentiva claramente la nueva inversión”. Las nuevas órdenes de tarifas hacen que la mayor parte de los costes que pagan los consumidores sea a través de la potencia contratada, lo que no favorece la gestión de la demanda, el autoconsumo o la generación renovable con fotovoltaica en los edificios. Según otro estudio del “Observatorio de Energía de la Fundación Repsol”, se confirma que las mejoras en eficiencia energética se vinculan a la recesión económica y a la mayor generación renovable, pero aun así España se encuentra nueve puntos por debajo de la media europea en eficiencia energética.
La conclusión es que la reforma ha supuesto un retroceso en la sostenibilidad del modelo energético español y que la verdadera reforma que permita precios competitivos y respeto por el medio ambiente sigue pendiente. Como afirma el Observatorio de Energía y Sostenibilidad de la cátedra BP, “la reforma pone de manifiesto la falta de dirección en un proceso de transición energética, no disipando las dudas sobre el modelo energético de futuro, pues la reforma no menciona el tema, que sigue permanentemente ignorado por los sucesivos gobiernos”.
El informe de la Cátedra BP de la Universidad Pontifica de Comillas confirma que la reforma energética consagra la inseguridad jurídica, la falta de transparencia y la improvisación de las políticas energéticas, reclamando la necesidad de “un compromiso en materia de energía, basado en la credibilidad regulatoria y en una visión de futuro compartida y sostenible del modelo energético español”. El cambio de modelo solo será posible con “masivas inversiones de capital privado en tecnologías limpias, que solamente tendrán lugar si los inversores perciben unas señales económicas fuertes con perspectiva de estabilidad, compromiso político y una tradición de respeto al estado de derecho”.
Los datos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado sobre 2014 confirman estas tendencias: el déficit tarifario continúa creciendo en 2014 a mayor ritmo que en 2013 y tanto la demanda como los ingresos por peajes siguen bajando por debajo de las previsiones. La volatilidad del mercado mayorista ha hecho que los precios de la electricidad hayan crecido un 64% del primer al tercer trimestre; solo en julio la subida ha sido del 17,8% y las declaraciones del Ministro de Industria en las que aplaza la reforma del mercado mayorista deja a los consumidores indefensos ante futuras variaciones del pool.
La conclusión es que la reforma no ha mejorado en nada las condiciones de sostenibilidad económica y ambiental del sistema eléctrico. Los males se agravan: más déficit tarifario en el gas y la luz, más dependencia energética, más intensidad energética, más emisiones de CO2, más riesgo regulatorio, más incertidumbre, más volatilidad de los precios con una persistente caída de la demanda y colapso de las renovables a pesar de que en 2013 y 2014 han rebajado el precio de la electricidad en el mercado mayorista. La metodología de las tarifas de la luz y el gas las convierte en un sistema de socialización de pérdidas, como se acaba de ver en el RDL 13/2014 sobre la indemnización por el almacenamiento gasista de Castor.
La reforma mantiene el mecanismo iniciado en 2002 del déficit de tarifa y el método de conformación de precios en el mercado mayorista pensado hace dos décadas para un mix sin renovables y solo ha pretendido asegurar la recaudación de los ingresos del sistema a través de los peajes que pagan los consumidores y los recortes retroactivos a las renovables. El inmovilismo eléctrico deja todo pendiente para un futuro incierto y desconocido.
