Los recientes Informes IPM “Europa no se puede permitir retrasar la descarbonización de su economía” y “El repliegue medioambiental de la Unión Europea” analizan con más detalle la preocupante marcha atrás de las políticas europeas de sostenibilidad ambiental.
Se acaba de publicar el proyecto de real decreto para impulsar el autoconsumo colectivo y el almacenamiento distribuido. Se trata de la trasposición a nuestro ordenamiento jurídico de obligaciones reguladas en las directivas de energías renovables de 2018 y 2023. Aunque nunca es tarde si la dicha es buena, el tiempo perdido, como ha descrito magníficamente Antonio Barrero en su último editorial de Energías Renovables, “Diez años del impuesto al sol”, hará crecer el daño-país de una regulación históricamente tan arbitraria como incongruente.
Las limitaciones de distancia, potencia y usos para compartir energía, primero 500 metros, después 2.000 metros y ahora 5.000 metros, es la mejor expresión de una regulación arbitraria.
¿Y por qué no 10.000 o 20.000 metros? La Directiva (UE) 2018/2001, de renovables no establece ningún límite al autoconsumo ni a las comunidades de energías renovables, porque su objetivo es facilitar las renovables distribuidas y no impedirlo. Lo importante es que se cumpla la definición de autoconsumidor de energías renovables.
La historia de la solar fotovoltaica está plagada de incongruencias para distinguir entre renovables buenas y renovables malas. En el caso del impuesto al sol hay detalles tan reveladores como que fuera bien recibido por la renovables no solares o que desde el sector eléctrico se llegara a plantear que España no era país para la fotovoltaica.
La Directiva (UE) 2024/1275, de eficiencia energética de los edificios, describe la importancia de la energía solar en los edificios: para proteger a los consumidores de los combustibles fósiles y de los altos precios de la electricidad. Por eso la Directiva (UE) 2023/2413, de energías renovables, establece que la integración de la energía solar en los edificios se producirá mediante aumentos significativos del autoconsumo con almacenamiento, comunidades de energías renovables y recarga bidireccional para vehículos eléctricos.
¿Por qué desde 2018 han persistido las barreras al autoconsumo? La falta de regulación del autoconsumo con baterías, de la agregación, de las comunidades energéticas y de la eficiencia energética de edificios ha dejado desprotegidos a los consumidores, hogares e industrias, durante la crisis del gas en 2022 y el apagón de 2025.
Y ahora vienen las prisas. Pero servirán de poco si no se reforma el actual diseño del mercado eléctrico, a lo que Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, se ha negado siguiendo el criterio de la patronal eléctrica.
Porque eliminar las barreras al autoconsumo permitirá a los consumidores dejar de depender del sistema eléctrico centralizado y a cada centro de consumo gestionar su oferta y demanda de energía en tiempo real.
Está claro que en España no se ha querido comprender el verdadero alcance de las directivas europeas de renovables. El autoconsumo no es una tecnología sino un derecho de ciudadanía para proteger a los consumidores de los combustibles fósiles y de los precios elevados de la electricidad.
