La reforma energética ha sido la más recentralizadora recuperando para el Estado, con carácter exclusivo, todas las competencias que las Comunidades Autónomas habían ejercido en autorizaciones y planificaciones energéticas durante la década anterior. Este hecho tiene una consecuencia directa en la pérdida de control por parte de las regiones del impacto que la energía tiene en el equilibrio y la ordenación del territorio, que sí es una competencia que tienen encomendada.
El modelo de éxito que ha desarrollado las energías renovables en España no se podría entender sin el respaldo dado por los gobiernos autonómicos. Las administraciones regionales, sin excepción, vieron en las tecnologías renovables un instrumento de desarrollo regional y local vinculado a la innovación energética, a una industria líder en el mundo y a la creación de empleo y ejercieron sus competencias para impulsar ese liderazgo.
El desarrollo regional de las energías renovables se impulsó a través de la planificación energética, las agencias de la energía y los sistemas regionales de innovación tecnológica financiados con fondos europeos. Se elaboró así una nueva visión del equilibrio territorial tratando de acercar la generación eléctrica a los centros de consumo, incluyendo la energía como factor de cohesión, armonizando los intereses económicos, sociales y la protección del medio ambiente.
La reforma energética ha desmontado este modelo. Las administraciones regionales han perdido sus competencias y cuando han pretendido ejercerlas, el Gobierno las ha parado a través del Tribunal Constitucional. Las Comunidades Autónomas han visto paralizados sus planes de renovables y, por el contrario, se han quedado sin capacidad de reacción ante decisiones que afectan a su equilibrio territorial como son las autorizaciones de fracking, exploraciones de hidrocarburos, infraestructuras gasistas o la ley del sector eléctrico, los decretos de renovables y el borrador de autoconsumo.
Si hasta el inicio de la crisis la iniciativa de las Comunidades Autónomas iba por delante de la iniciativa del Estado en las políticas de renovables, eficiencia energética y cambio climático, ahora es la iniciativa del Estado la que puede paralizar el desarrollo regional y afectar la ordenación del territorio de forma irreversible desmontando el modelo descentralizado y descarbonizado de las energías renovables para mantener el modelo centralizado y contaminante de los hidrocarburos convencionales y no convencionales.
El impacto de la energía en el territorio no es neutro. La generación convencional en España se ha basado históricamente en el desequilibrio territorial, alejando los centros de generación de los centros de consumo, incrementando los costes del sistema y con graves riesgos para el medioambiente, la seguridad y la desertización. La generación descentralizada, al acercar la generación al consumo, reduce los costes del sistema, contribuye a un equilibrio territorial que favorece la protección del medioambiente, el desarrollo rural, la habitabilidad de los núcleos urbanos y promueve un patrón de economía basado en la eficiencia energética, la innovación y el empleo.
El modelo energético de generación descentralizada revaloriza el territorio y protege a los consumidores. Recuperar la energía como parte de la política regional es el paso necesario para reducir los costes energéticos a hogares y pymes y racionalizar el uso de la energía integrando la sostenibilidad y la autosuficiencia energética en la planificación del territorio.
Las regiones han de recuperar:
- el concepto de Ordenación del Territorio integrando la energía como bien esencial para su desarrollo y la lucha contra el cambio climático y
- la Planificación Energética orientada a la protección de los consumidores a través de la generación distribuida. Objetivos de esa planificación han de ser el autoconsumo con renovables, contadores, redes inteligentes y tecnologías de almacenamiento.
- La eficiencia energética debe concretarse en objetivos y planes para reducir los costes energéticos, combatir la pobreza energética y
- avanzar hacia un urbanismo y transporte cero emisiones.
Las Comunidades Autónomas son el mejor respaldo financiero para las corporaciones locales en los programas de eficiencia energética como colaboradores necesarios en la gestión de los fondos europeos, conformación de partenariados para los proyectos que habrán de presentarse ante las instituciones europeas, entidades financieras, Banco Europeo de Inversiones y Fondo Nacional de eficiencia energética. La función facilitadora de las administraciones regionales a los municipios ha de extenderse a los instrumentos fiscales que incentiven las inversiones en ahorro de energía y reducción de emisiones.
La eficiencia energética es innovación tecnológica y nuevas especializaciones productivas que necesitan del sistema regional de innovación. Este es otro ámbito en el que las Comunidades Autónomas han ejercido sus competencias vinculándolas al impulso de la industria. La generación distribuida ha de incorporarse a los sistemas regionales de innovación por su elevado potencial tecnológico y de empleo.
Recuperar las funciones y competencias en energía de las Comunidades Autónomas es un paso necesario para un nuevo modelo de negocio energético más próximo a los consumidores y a la gestión de la demanda. La descentralización administrativa requiere un modelo energético descentralizado en el cual el territorio adquiere un valor estratégico a proteger de la especulación o la destrucción y que se revaloriza por la sostenibilidad y la cohesión.
