Dos años después de la gran recesión de 2007, el Premio Nobel de Economía Paul Krugman se preguntaba cómo pudieron equivocarse tanto los economistas para no considerar la posibilidad de un fallo tan catastrófico del mercado. El informe que en 2011 hizo el Fondo Monetario Internacional sobre su actuación en la crisis financiera reveló que a muchos de sus economistas les preocupaban más las consecuencias de expresar opiniones contrarias a las de sus supervisores o de las autoridades políticas que contar la verdad. Así se apoderó la irracionalidad de la política económica.
Lo mismo sucede en 2017 con el fallo de mercado que supone el cambio climático. Los economistas, algunos hasta ministros de energía, que se esfuerzan en proteger un libre mercado exclusivo para los combustibles fósiles o las nucleares con políticas intervencionistas contra la eficiencia energética, las energías renovables o la descarbonización, están llevando también la irracionalidad a la política energética.
Analizar el modelo energético con las reglas contables de sumar, restar, multiplicar y dividir es una simplificación de la realidad; sin embargo, ha elevado a muchos economistas a su mayor nivel de incompetencia. Reducir el modelo energético a una parte más de la economía especulativa es otro error que conduce a ignorar la relación directa de la energía con la economía productiva, con el sistema de innovación tecnológica, con las necesidades de los consumidores, con la cohesión social, con los impactos en la renta nacional y disponible o con las variaciones climáticas.
Es el caso de España. El artificio contable del déficit de tarifa de 2002, la retroactividad fotovoltaica de 2010 y la moratoria renovable de 2012 concluyen en la Ley 24/2013 y la Ley 18/2014 que trasladan automáticamente a los consumidores todos los déficits del sistema eléctrico y gasista. A partir de ahí, el objetivo más importante del sector energético es la máxima rentabilidad del dividendo a cobrar por sus accionistas, mayoritariamente extranjeros. Por eso España es incapaz de abaratar los precios de la energía.
La concesión del Nobel de Economía de 2017 al estadounidense Richard H. Thaler nos puede ayudar a entender las decisiones irracionales que se toman en la política económica y energética por ignorancia o falta de información, por decisiones de corto plazo o por prejuicios que se aplican sin tener en cuenta sus consecuencias.
La descripción de los méritos que ha tenido en cuenta el Banco de Suecia sobre el nuevo Nobel de economía así lo demuestra:
- Su teoría de la contabilidad mental, sobre cómo los individuos simplifican las decisiones financieras creando cuentas separadas en sus mentes y decidiendo según afectan a cada cuenta y no al conjunto de sus finanzas, explica muchas decisiones de la política energética española. Por ejemplo, la moratoria renovable de 2012 para proteger la sostenibilidad económica del sistema eléctrico; repetir mil veces lo caras que eran las renovables cuando son las únicas fuentes que rebajan los precios de la energía; las concesiones públicas de infraestructuras, como el almacén de gas Castor, basadas en la socialización de pérdidas; los incentivos a los hidrocarburos con el argumento de que así se abarata la luz, olvidando los costes de la dependencia energética, del CO2 o de que ha sido la falta de renovables lo que ha elevado el precio de la luz en 2017.
- La teoría del efecto propiedad o cómo se tiende a valorar más lo que se posee, asignándole un precio mayor que si no se tuviese. Es el caso de la prioridad que se da a la rentabilidad del dividendo en el sector energético, aunque su propiedad sea mayoritariamente de inversores extranjeros; la sobrecapacidad gasista que provoca la infrautilización de sus infraestructuras; el interés por incentivar el consumo y la mayor facturación a los consumidores antes que la eficiencia energética.
- El concepto de lo que es justo es analizado por Richard H. Thaler para demostrar que la gente no toma decisiones mirando solo lo que es beneficioso para ellos, estando dispuestos a privarse de un beneficio con tal de mantener lo que ellos perciben como justo. De esta manera se puede actuar por solidaridad, pero también por prejuicios. Es el caso de aquellos que piensan que reducir las emisiones de CO2 aumenta el paro y la deslocalización de empresas; que más objetivos de eficiencia energética obstaculizan el crecimiento; que el autoconsumo es oneroso y un paso atrás en la liberalización eléctrica; que el carbón, el gas y las nucleares abaratan la electricidad para permitir sobreprecios que aseguren su rentabilidad; o confundir el I+D con el déficit público.
- El bienestar a largo plazo se sacrifica por las decisiones de corto plazo. Thaler plantea que las instituciones públicas y privadas han de estimular la visión a largo plazo para problemas como la pensiones o el medio ambiente. El cortoplacismo es la mayor equivocación de muchas decisiones que suelen expresar la contradicción entre lo que se promete y lo que se hace. Decisiones cortoplacistas son el incumplimiento sistemático de los plazos de transposición de las directivas europeas; la despreocupación por la contaminación atmosférica; la no internalización de los costes de las emisiones de CO2; no poner freno a la dependencia energética; imponer barreras al ahorro de energía y a la generación descentralizada.
La mejor manera de resumir la irracionalidad en política energética es que no hacer nada contra el cambio climático multiplicará el coste de sus impactos en el futuro. El economista australiano Steve Keen denomina élites ciegas a los economistas neoclásicos que provocan crisis sin saberlo porque solo piensan en sus intereses de hoy para mañana, excluyendo cualquier crítica al sistema. Están en todos los gobiernos de Europa, incluido el de España.
De la misma manera que no percibieron la recesión de 2008, ahora no quieren percibir cómo el centro geopolítico del mundo se ha desplazado del atlántico al pacífico o cómo el nuevo modelo energético está desplazando a los combustibles fósiles por las energías renovables.
