La electricidad sigue siendo el servicio peor valorado por los consumidores, según el Panel de Hogares del 2º trimestre de 2017 que elabora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La insatisfacción se debe a sus elevados precios y a la falta de transparencia de la facturación. En esta percepción han coincidido todas las encuestas desde la recesión de 2008.
Ahora ha coincidido con el pico máximo alcanzado por el precio de la electricidad en 2017 para la tarifa regulada, hasta 182,54 euros MW/h el día 23 de octubre. La explicación oficial la ha dado Red Eléctrica de España (REE) para desmentir que la causa fuera un fallo informático y ha responsabilizado a la CNMC y al Ministerio de Energía por la metodología que aprobaron en 2013 para el mercado de ajuste. REE se ha limitado a aplicar el procedimiento marcado por los reguladores.
¿Por qué sube el precio de la electricidad?
El precio ha subido en octubre más que en la ola de frío del mes de enero; pero lo inexplicable es que ahora no ha habido crecimiento de la demanda. Los servicios de ajuste no tienen tope de precio y dependen solo de la disponibilidad de centrales, principalmente de gas. Los cuatro millones de sobrecoste los pagarán los consumidores.
El alza de la electricidad durante la ola de frío de enero de 2017 se debió también, según explicó el Ministerio de Energía, a la falta de competencia en el mercado del gas y por ello anunció medidas para obligar a Gas Natural y Endesa a que actuaran como “creadores de mercado” en el sector del gas y garantizar el suministro a las centrales si se producían picos de demanda. Nueve meses después no se ha hecho nada.
En lo que va de 2017 se han sucedido decisiones que tendrán como consecuencia la subida de la luz. El bono social, el coste de los laudos arbitrales por la retroactividad a la energía solar, las subastas de interrumpibilidad, el coste de las interconexiones con Francia, la nueva regasificadora de Granadillas (Tenerife), la extensión de vida de las centrales de carbón y nucleares o los servicios de ajuste y restricciones técnicas. Son costes que se trasladan automáticamente a los consumidores porque así lo establece la Ley 24/2013 del sector eléctrico. Como afirmaba REE, son las decisiones del regulador las que encarecen la electricidad.
España carece de un mix energético para afrontar los riesgos del clima
Los fenómenos climáticos de este año, ola de frío primero, de calor y sequía después, han demostrado que el mix de generación no es el adecuado para afrontar las variaciones del clima, cada vez más extremas y frecuentes. La sequía no es responsable de que suba la luz; pero el precio mayorista de la energía se ha incrementado un 30%. La caída de la producción hidráulica y eólica se ha suplido con más gas y carbón porque ha faltado potencia renovable en el sistema, la única fuente que rebaja el precio de la luz; pero sus inversiones están paralizadas desde el RDL 1/2012.
Apoyar las fuentes de energía que más encarecen el precio de la electricidad y frenar las que lo abaratan es un error. El crecimiento de la potencia renovable está estancado desde 2013, sólo representa el 0,18% de la nueva potencia instalada en los últimos cuatro años. Mientras el consumo de renovables creció en todo el mundo un 4,8% en 2015 y en Europa un 9%, en España descendió un 3,1%. Por el contrario, se han alcanzado máximos históricos de las importaciones de combustibles fósiles. En los ocho primeros meses de 2017 el déficit comercial energético se ha incrementado un 35,5%, hasta 14.693 millones de euros, y las importaciones energéticas un 43,1%. Es el coste energético más importante del que nadie habla y que se traslada a los consumidores. La subida media de la luz este año es del 13%.
Pero no solo faltan renovables, sino que la regulación está dejando fuera a España del rápido desarrollo tecnológico de la energía eólica, de la solar fotovoltaica, de la generación distribuida y descentralizada o del almacenamiento en baja tensión, con el argumento de que fue un error la inversión que España realizó en renovables durante la pasada década. Ver ahora cómo Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia, Valencia, Cataluña o Baleares apuestan por el autoconsumo, contra la regulación del RD 900/2015, es un ejemplo de cómo el inmovilismo regulatorio penaliza al consumidor y a todo el país.
La falta de transparencia de la facturación eléctrica está en relación con la falta de un regulador independiente de la competencia. La decisión del Ministerio de Energía de vaciar de funciones a la CNMC, incumpliendo las directivas europeas, para fijar las tarifas eléctricas, decidir el cierre de centrales o las operaciones corporativas es de un intervencionismo impropio de un socio de la Unión Europea. ¿Quién controla las inversiones en el exterior de los dueños de nuestras redes energéticas, REE, Enagás o CLH? ¿Quién justifica las interconexiones o las nuevas infraestructuras gasistas?
Los 4 cambios regulatorios necesarios para rebajar el precio de la electricidad
- Elevar la participación de las energías renovables en el mix de generación. Cumplir los objetivos de reducción de emisiones de la Unión Europea requiere 108 GW de potencia renovable en 2033 (PWC) y entre 150 y 200 GW renovables en 2050, sin carbón ni nucleares (Monitor Deloitte).
- Crear un órgano regulador independiente de la competencia que supervise los mercados energéticos, garantice la transparencia de los costes y precios de la electricidad y permita la participación de los consumidores, empresas y organizaciones sociales.
- Elevar los objetivos de eficiencia energética hasta el 40% mediante el desarrollo de la generación distribuida y descentralizada con almacenamiento, promoviendo los edificios de consumo de energía casi nulo con autoconsumo, tasas de rehabilitación anual por encima del 2% y mayores objetivos para el vehículo eléctrico. Para cumplir la senda de reducción de emisiones de la Unión Europea, según Monitor Deloitte, debería haber 300.000 vehículos eléctricos en 2020 y seis millones en 2030; además, 3,4 millones de viviendas con punto de recarga y 80.000 en vías públicas.
- Aprobar una estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático que incluya una evaluación de sus impactos, especialmente los derivados de los usos de la energía, asignar un precio al carbono y presupuestos de carbono.
En el futuro, cualquier exposición a la energía fósil será un riesgo que obligará a cambiar los modelos de negocio y la cultura energética hacia un despliegue rápido de las energías renovables distribuidas. La eficiencia energética reducirá la demanda energética hasta que los combustibles fósiles pierdan el poder de fijación de precios.
Hasta ahora la política energética se ha diseñado sobre la base de incrementos constantes de la demanda. Eso ya no será así; el precio de la luz se determinará, cada vez más, por el clima y la disponibilidad de renovables.