¿Puede sobrevivir la Unión Europea al retardismo climático de Von der Leyen?

Los recientes Informes IPM “Europa no se puede permitir retrasar la descarbonización de su economía” y “El repliegue medioambiental de la Unión Europea” analizan con más detalle la preocupante marcha atrás de las políticas europeas de sostenibilidad ambiental.

La comparación entre las directivas europeas del “paquete de invierno” de 2018 y las del “paquete Fit for 55” de 2023 ofrece un resultado paradójico. El paquete de invierno sitúa en el centro del sistema energético al consumidor o cliente activo, que se define como el consumidor con derecho a generar, almacenar, agregar, compartir, vender y consumir su propia energía renovable. Por el contrario, las directivas Fit for 55 se centran en la neutralidad tecnológica con el argumento de que solo con renovables no se alcanzarán los objetivos climáticos, por lo que se deberá contar con tecnologías más fiables.

Todas las tecnologías deberán tenerse en cuenta para la transición energética sin discriminación alguna, aunque contaminen o emitan CO2, si ayudan a otras actividades a reducir emisiones.

La directiva de renovables de 2018 se articula alrededor del consumidor activo, el autoconsumo y comunidades de energías renovables.

La directiva de 2023 lo hace sobre conceptos equívocos como la energía no fósil, energía hipocarbónica o combustibles renovables, para integrar en el mix de la transición el gas fósil, el hidrógeno o la energía nuclear, que en determinadas condiciones podrán contabilizarse en la cuota de renovables.

La directiva de eficiencia energética de 2023 establece la excepción al gas en los sistemas de calefacción y refrigeración, que deberán reducir el uso de combustibles fósiles a excepción del gas natural.

Las directivas Fit for 55 mejoran las directivas del paquete de invierno en el objetivo de acelerar el desarrollo de las energías renovables, pero con la diferencia de que mientras en 2018 se diseña una transición energética orientada a la demanda, al consumidor activo, los instrumentos de eficiencia energética y su participación en los mercados, en 2023 se cambia por una transición centrada en la oferta de grandes infraestructuras de renovables a gran escala, hidrógeno, gas y nuclear con la nueva taxonomía aprobada en 2020 que otorga la etiqueta verde al gas y la nuclear, consideradas energías sin efectos sobre el clima.

La paradoja es que se quiere acelerar las renovables prolongando el uso de los combustibles fósiles y la energía nuclear.

En cinco años se ha pasado de una transición energética que priorizaba la protección de los consumidores, las renovables y la eficiencia energética a una estrategia para crear demanda, hoy inexistente, de tecnologías convencionales, caras y llenas de grietas, sin estudios de costes y beneficios, con un diseño de mercado para un mix sin renovables que la Comisión Europea no ha modificado.

Si en 2022 ese diseño falló ante la crisis de altos precios de la electricidad por el gas ruso, no es difícil aventurar una próxima crisis de precios elevados de la luz por el gas (GNL) importado de EEUU, mucho más caro.

La Unión Europea ha protagonizado el mejor ejemplo de retardismo climático desde que en 2019, cuando se presentó el Pacto Verde Europeo, la presidenta de la Comisión, Úrsula von der leyen, reconociese la sostenibilidad ambiental del gas y la nuclear y pusiera en duda la viabilidad de las renovables. El reglamento de la taxonomía de 2020 y las directivas de 2023 citan al gas y la nuclear como tecnologías importantes para la transición energética, algo impensable en 2018, y desde las elecciones europeas de 2024 el Partido Popular Europeo ha puesto freno y marcha atrás a las políticas ambientales.

El retardismo climático no es lo que el mundo esperaba de Europa ante el cambio geopolítico global. La pregunta que hay que hacerse es si la Unión Europea sobrevivirá al retardismo de Von der Leyen. La respuesta es un sí rotundo porque la alternativa energética al ecopostureo de Bruselas está diseñada en las directivas del paquete de invierno, en la parte de las directivas Fit for 55 que las mejoran y en el desarrollo del principio de “primero, la eficiencia energética”, que representa la propuesta más completa para cambiar la forma de producir y consumir energía anteponiendo la demanda a la oferta en la regulación, la planificación y los mercados energéticos.

En el nuevo Informe IPM, “La mejor energía es la que no se produce porque no se necesita, se analizan las recomendaciones de la Unión Europea de 2021 y 2024 sobre la aplicación práctica del principio de “primero, la eficiencia energética” y el compendio de medidas que conforman la alternativa de un modelo energético orientado a la demanda y a la participación de los consumidores activos en los mercados energéticos, en contraposición al modelo convencional de oferta que retrasará la descarbonización y alargará el uso de los combustibles fósiles hasta más allá de 2050.

Planteo, desde un punto de vista práctico, la alternativa más viable, accesible y asequible al retardismo climático normalizado desde 2020 en las instituciones europeas, que ya fue objeto de estudio y reflexión en los informes IPM “Europa no se puede permitir retrasar la descarbonización de su economía”, de abril de 2025, y “El repliegue medioambiental de la Unión Europea”, de septiembre de 2025.

En resumen, las instituciones europeas han de ser coherentes con la declaración de emergencia climática y los compromisos climáticos internacionales porque lo que ahora se propone es incompatible con la protección de los consumidores y del medioambiente, así como con la seguridad y autonomía estratégica de Europa.

 

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