El Consejo Europeo acordó el 21 de marzo, como respuesta a la anexión de Crimea por Rusia, crear una “unión energética europea” para reducir la dependencia del gas ruso, rebajar los precios energéticos y mejorar las interconexiones, incluyendo las de España y el Mediterráneo. Hace solo cinco meses, la Comisión Europea aprobó las inversiones en redes transeuropeas hasta 2020 y la interconexión eléctrica entre Francia y España no entró en sus prioridades, ni el Gobierno español lo exigió. La inversión prevista deja la capacidad de interconexión muy por debajo del 5% de la demanda punta cuando el objetivo acordado en el Consejo Europeo de Barcelona en 2002 fue del 10%.
Durante doce años ningún Gobierno, ni las instituciones europeas, se han preocupado por el futuro de las interconexiones eléctricas con la península Ibérica. Esta despreocupación constituye el mayor riesgo de nuestro sistema eléctrico pues sin interconexiones no hay reforma que valga. Ha tenido que suceder un conflicto como el de Ucrania para que Europa decida que la energía debe ser una política comunitaria y el Presidente del Gobierno español haya reclamado la interconexión eléctrica.
El olvido de las interconexiones es el fiel reflejo de una política europea dominada por los intereses nacionales que han impedido reconocer el carácter supranacional de la estrategia energética de Europa y es también la consecuencia de un mercado energético que sigue funcionando en régimen de monopolio concentrado en muy pocas empresas con un poder económico y político que se impone como barrera infranqueable a una apertura de la competencia, como la que suponen las interconexiones, que rebajaría los precios de la energía. No hay más que ver las peticiones de las diez grandes eléctricas europeas antes del Consejo o la petición del presidente de Iberdrola de una solución europea para la energía como la de la banca para comprobar que la interconexión nunca ha sido su prioridad.
El retraso de las interconexiones tiene la misma causa que el freno impuesto a las renovables. La Comisión Europea ha destacado siempre la reducción de la factura de las importaciones energéticas como el primer desafío de Europa y la eficiencia energética, las renovables y el aumento de la competencia como las políticas prioritarias para conseguirlo. La mayor capacidad de interconexión viene a resolver buena parte del problema, pero exige abrir la competencia de un mercado europeo integrado en beneficio de la economía y los consumidores.
Los que ahora piensan en sustituir el gas ruso por más gas argelino y hacer así rentable la burbuja gasista que ha puesto al borde de la ruina al sector eléctrico no deben olvidar que el riesgo geopolítico de Argelia no es menor que el de Rusia, con la diferencia que la factura del gas argelino la paga el consumidor español y que el riesgo geoestratégico de una dependencia superior al 50% del único proveedor argelino, como ya ha alcanzado España, es una bomba de relojería. Sustituir una dependencia por otra es volver a olvidar el problema principal y no parece que sea el objetivo de la unión energética anunciada por el Consejo Europeo.
Como se expresaba en la resolución aprobada en febrero por el Parlamento Europeo, el liderazgo de Europa en el mundo se ha conseguido por los objetivos de ahorro energético, de reducción de emisiones y de renovables para 2020. Para 2030 se ha de continuar con objetivos más ambiciosos, en contra de retrocesos como el que vive España, y apostando por más inversiones en interconexiones y almacenamiento de energía para integrar más renovables y avanzar hacia un modelo de energía descentralizada vinculado al desarrollo de la industria. No se trata de sustituir gas por más gas sino por más eficiencia y renovables.
