En abril ha tenido su entrada en el Senado el proyecto de ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que suprime los hasta ahora organismos reguladores de la energía, la competencia, mercado audiovisual, de las telecomunicaciones, aeropuertos, ferrocarriles, correos y juego. Aunque en el preámbulo del texto aprobado por el Congreso se dice que trata de evitar la captura del regulador, tanto por las empresas como por el gobierno, resulta ser de un intervencionismo tan excesivo que la independencia del regulador queda absorbida directamente por los ministros. El control de la competencia pierde así cualquier rasgo de independencia y queda sometido a la única voluntad del poder ejecutivo.
Eran justificados los temores de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes, cuando hace dos meses amenazó al ministro Soria con abrir un procedimiento de infracción a España por esta ley que en realidad elimina la independencia de los organismos reguladores. Coincide con las manifestaciones del anterior presidente de la Comisión Nacional de la Competencia acusando al gobierno del PP de estar abiertamente en contra de introducir competencia en determinados sectores como el de la energía. “En el sector de la electricidad, la competencia ni está ni se la espera”- decía Luis Berenguer – “y nada parece que se esté haciendo para diseñar una política más competitiva”. La política de tierra quemada contra la eficiencia energética y las renovables es, en el fondo, el intento de cerrar su acceso a los mercados y salvaguardar “la actuación de los poderosos en el escenario económico” levantando barreras a la competencia.
El proyecto de ley determina que los 10 consejeros de la CNMC, que incluyen a su presidente y vicepresidente, serán nombrados directamente por el gobierno y estarán sometidos al régimen general de incompatibilidades. En la disposición adicional 8ª se establece que el Ministerio de Industria asumirá la inspección de instalaciones energéticas, condiciones de precios y suministro, inicio e instrucción de expedientes sancionadores, reclamaciones de consumidores, liquidaciones y otras competencias actualmente de la Comisión Nacional de la Energía. En la disposición adicional 9ª será el propio Ministro de Industria quien conocerá y establecerá las condiciones y obligaciones sobre la toma de participaciones en el sector energético en actividades reguladas y activos energéticos de carácter estratégico. La decisión sobre las operaciones corporativas entre empresas energéticas, que ha constituido la principal inversión energética en las últimas décadas, la adoptará el ministro.
En este proyecto de ley se suprime de facto la independencia del órgano regulador de la competencia que queda capturado por los ministros correspondientes y no se adopta ninguna medida que impida el trasvase de políticos a las empresas y a la nueva CNMC. Un intervencionismo tan asfixiante se contradice con el signo ultraliberal del actual gobierno y oculta el reforzamiento del cártel que acapara los mercados energéticos en España. Es un paso atrás histórico que confirmará la expulsión de los sectores de la eficiencia energética y de las renovables del mercado para compensar las pérdidas de ingresos del sistema por el descenso de la demanda, los mayores costes por la sobrecapacidad gasista del sistema eléctrico y la falta de liquidez de los bancos.
Tiene motivos la Comisión Europea para preocuparse porque, una vez más, se pasa por encima de las directivas europeas. Mantener un sistema energético vertical y centralizado frente a un nuevo modelo distribuido exige cerrar la competencia cargando a los consumidores los mayores costes de un modelo sin competencia. Es simple avaricia. Se trata de una ley que perpetúa el atraso de nuestra estructura económica y que al impedir una mayor apertura de los mercados no va a aportar nada a la recuperación del crecimiento y del empleo.
