La Directiva de Eficiencia Energética 2012/27/UE ya está en vigor. Entre los instrumentos que se crean para conseguir el objetivo de ahorrar el 20% de consumo de energía en 2020 está la rehabilitación de edificios que constituye también una de las prioridades de los fondos europeos para 2014-2020.
En su artículo 4 se establece para abril de 2014 que el Gobierno deberá adoptar una estrategia a largo plazo para movilizar inversiones en renovación del parque de edificios residenciales y comerciales, tanto públicos como privados. La estrategia deberá contener una estadística del parque, un análisis de rentabilidad, medidas de rehabilitación y cálculo de los ahorros de energía. Se revisará cada tres años.
A partir de 2014, el 3% de la superficie total de edificios de la Administración Central deberá ser rehabilitado cada año de acuerdo con los criterios de la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios 2010/31/UE. Esos criterios se definen en los conceptos de edificios de consumo casi nulo de energía, óptimo de rentabilidad de la eficiencia energética y sistemas urbanos centralizados de calefacción y refrigeración. El Gobierno deberá recomendar al resto de administraciones públicas, local y regional, que adopten un plan de eficiencia energética en sus edificios, que implanten en ellos un sistema de gestión energética y que recurran a las empresas de servicios energéticos.
El artículo 6 determina que las administraciones públicas en su política de contratación deberán adquirir productos, servicios y edificios que tengan alto nivel de eficiencia energética y podrán adoptar medidas alternativas como incentivos fiscales, impuestos al CO2, reglamentación de estándares y normas para aplicar las tecnologías más eficientes.
Aunque en el voto negativo de España a esta nueva directiva se señala que su aplicación puede ser una carga desproporcionada y una penalización por los esfuerzos ya realizados en ahorro de energía, la realidad es justo lo contrario a esa complacencia. Una estrategia nacional de rehabilitación energética de todo el parque de edificios es de las pocas políticas efectivas de crecimiento y empleo que España puede adoptar en estos momentos. Tenemos una industria y un sector de servicios energéticos en su mayor parte desaprovechados y un potencial de ahorro de energía inmenso por el despilfarro energético que ha caracterizado el boom inmobiliario y que es un lastre para la competitividad de la economía.
Es urgente publicar el decreto de certificación energética, el de autoconsumo y los nuevos Código Técnico de Edificación y Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios como transposición de las nuevas directivas europeas. España necesita políticas de estímulo a la actividad económica y la rehabilitación es la más efectiva. Hacerlo supondrá aprovechar una gran oportunidad para consumidores y empresas e importantes recursos financieros de Europa. De lo contrario, el Gobierno debería explicar a quién penaliza el ahorro de energía.
