Está a punto de finalizar el actual periodo de las perspectivas financieras de la Unión Europea 2007-2013 y de los 41.864 M€ de los fondos asignados a España solo se ha ejecutado el 60% y de no gastarse el resto en los dos próximos años la economía española perderá hasta 5.000 M€ de fondos estructurales por no poder ejecutar los proyectos pendientes.
Las razones tienen que ver con los impactos de la crisis en los Presupuestos Generales del Estado que han reducido la inversión pública a niveles de hace veinticinco años y la restricción crediticia de los bancos que a pesar de recibir más de 61.000 M€ de ayudas públicas directas siguen sin facilitar financiación a la inversión y al consumo. Estos dos hechos hacen muy difícil la cofinanciación de proyectos europeos por las administraciones públicas y las empresas.
En el caso de los fondos FEDER, de 23.052 M€ asignados sólo se han ejecutado 13.393 y lo que está pendiente de ejecutar depende en gran medida de la capacidad de gestión de las Comunidades Autónomas en las que los recortes presupuestarios han sido mucho más intensos y la dificultad de cofinanciación más grave. La Unión Europea ha llegado a aumentar su parte de cofinanciación de proyectos, llegando hasta el 80% en algunos casos, pero el colapso de la inversión pública pone en riesgo la ejecución de los programas operativos de nuestras regiones.
Para el próximo periodo de programación 2014-2020, a pesar de que la asignación de fondos a España se reducirá en un 28%, la preocupación más importante no debería ser si vamos a pasar de ser receptores netos de fondos a contribuyentes netos al presupuesto comunitario sino si vamos a ser capaces de comprometer y ejecutar proyectos para gastar el 100% de los fondos que nos asignen. Y para el periodo 2014-2020 una de las prioridades del presupuesto europeo va a ser la eficiencia energética de edificios a la que se dedicará obligatoriamente el 20% de los fondos FEDER. Esto significa que España podrá disponer en los siete próximos años de 4.000 M€ como mínimo para financiar proyectos de eficiencia energética.
En coherencia con las prioridades financieras establecidas en los presupuestos de la Unión Europea, la política económica española debiera dar prioridad a la eficiencia energética de edificios como medida necesaria para poder absorber en su totalidad las ayudas europeas, ya que la pérdida de esos recursos sería injustificable pues suponen una política de crecimiento y empleo que desde Europa se quiere trasladar a los países en crisis.
España ha sido un excelente ejemplo de aprovechamiento de los fondos estructurales para ejecutar infraestructuras y proyectos intensivos en “cemento”, pero no hemos sido capaces de hacer lo mismo con los proyectos de innovación. Ahora Europa ha priorizado la innovación y el ahorro de energía y la eficiencia energética se consideran una innovación tecnológica necesaria para ganar competitividad reduciendo las importaciones energéticas y el precio de la energía.
La eficiencia energética de edificios puede ahorrar a los consumidores finales cerca de 7.000 M€ cada año en sus costes energéticos y convertirse así en una nueva especialización productiva que contribuya al crecimiento de la economía y del empleo. Cualquier política sensata debería estar ya impulsando proyectos integrales de eficiencia energética como palanca para la salida de la crisis porque los fondos europeos que no gastemos nosotros se asignarán a otros Estados miembros.
