El plan inversor del Presidente de la Comisión Europea, J. C. Juncker, debería sernos muy familiar a los españoles. Si usted tiene 20.000 euros y pide 300.000 prestados ya sabe cómo acabará la historia. La Comisión Europea quiere relanzar la inversión en Europa con 16.000 millones del presupuesto comunitario y 5.000 más del Banco Europeo de Inversiones para atraer 300.000 millones de inversión privada. Ha pedido proyectos a los Estados miembros y todos se han puesto a escribir la carta a los Reyes Magos sin reparar que de momento parece un plan más próximo a la economía especulativa que a la real.
A falta de que el plan se desarrolle, es un ejercicio de ingeniería financiera y no un verdadero plan estratégico de futuro. Se ha comenzado la casa por el tejado cuando lo primero hubiera sido elaborar un veraz diagnóstico del estancamiento económico de Europa y sus alternativas para hablar luego de los recursos. Con más razón cuando los planes anteriores, como la agenda de crecimiento de 2012 para invertir 120.000 millones, han sido otros tantos fracasos. Este nuevo plan es más dudoso todavía cuando Bruselas sigue exigiendo austeridad.
El método no es nuevo. El Consejo Europeo de octubre aprobó elevar el nivel de las interconexiones eléctricas al 15% en 2030 cuando el objetivo del 10% aprobado en 2002 sigue incumplido doce años después. El Consejo no ha concretado proyectos, ni presupuesto, ni financiación. Un acuerdo que ha contentado a todos pero irrealizable. En el caso de España convendría hacer un análisis de otro fracaso, de por qué los sucesivos gobiernos desde 2002 no se interesaron por las interconexiones y por qué tres años ha tardado el actual para plantear la cuestión y solo ante las desmesuradas expectativas del sector gasista por el conflicto de Ucrania. Y ahora todo se deja al balsámico plan Juncker.
En las peticiones de España se han incluido 15.000 millones para interconexiones y 10.000 millones para eficiencia energética sin concretar proyectos. Así resulta difícil hacer una valoración, pero la primera impresión es que no se cuenta con una planificación energética a largo plazo que determine las prioridades sobre el modelo energético y la competitividad. ¿Por qué hasta 2014 las interconexiones no aparecían en la política energética y ahora son la primera preocupación? ¿Por qué en junio de este año se mandó a Bruselas un plan de eficiencia energética en el que se decía que España no necesitaba más esfuerzos en ahorro de energía porque en 2012 alcanzamos el objetivo de 2020 y ahora se piden miles de millones para eficiencia?
Desde la Estrategia Europa 2020, aprobada en 2010, las interconexiones eléctricas se han considerado condición necesaria, junto con las tecnologías de almacenamiento, para la integración masiva de renovables y reducir la dependencia energética. Estas prioridades han dado a Europa en la última década el liderazgo mundial en las nuevas tecnologías de generación descentralizada. Sería un error que el plan Juncker modificara esta estrategia. Lo paradójico es que la reforma energética sí ha cambiado esas prioridades para España, paralizando las renovables e impulsando los hidrocarburos y el fracking, incluso con nuevas tasas y despreciando el riesgo ambiental.
El modelo que la reforma energética ha implantado para eliminar los déficits del sistema energético es socializarlos automáticamente mediante los peajes de la luz y el gas. Es el fundamento de la nueva ley del sector eléctrico. En el caso de las infraestructuras energéticas, como se ha comprobado en el almacenamiento Castor, se integran como infraestructura básica y sus costes se trasladan a los consumidores. Las principales empresas energéticas españolas han decidido sus inversiones hacia la compra de activos en el extranjero y no invertir en España. Con la ingeniería del plan Juncker es fácil imaginar quién va a pagar las interconexiones, si se hacen.
La falta de estrategia energética es más evidente en el caso del gas. El RDL 13/2012 ya declaró que las infraestructuras gasistas ejecutadas desde 2007 eran innecesarias y el RDL 8/2014, al constatar la bajada de la demanda de gas desde 2008, concluía que se trataba de un fenómeno estructural. El sistema gasista ha seguido importando más gas a pesar de que el consumo ha bajado al nivel de 2004. Según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), en octubre las importaciones de gas han crecido un 19,7% y las exportaciones de gas un 85% y Argelia es el primer proveedor con el 56,5%. España se ha convertido en un gran centro de intermediación gasista con una materia prima que antes tenemos que pagar e importar. Aumentar la sobrecapacidad gasista eleva el coste de la energía con total opacidad.
El conflicto de Ucrania se ha visto como la oportunidad para ampliar este negocio, pero el centro de gravedad de la UE se ha desplazado al este de Europa y la interconexión gasista que Europa ha considerado siempre es la de conectar el sureste europeo con Turquía y las reservas de Asia Central, manteniendo las relaciones con Gazprom. Po eso se ha excluido el gas de las sanciones a Rusia.
Las interconexiones han de planificarse a partir de la definición de un modelo energético a largo plazo que no se base en un crecimiento irracional de las importaciones energéticas sino en la generación autosuficiente para reducir los costes energéticos. Si se gestionan como un bandazo más de la reforma energética supondrán nuevos costes del sistema que, una vez más, se trasladarán a la factura energética.
Artículo original para El Economista.
