Para entender la crisis que se cierne sobre el sistema eléctrico conviene partir de determinados datos como que el 86% de nuestro déficit comercial en 2011 se origina por las importaciones energéticas, lo que supone que cada año cerca de 40.000 M€ de nuestra renta nacional salen al exterior para pagar el gas, el petróleo, el carbón y el uranio a los países suministradores. En el caso del gas, el 45% se importa de un solo país que es Argelia. Desde 2007 se ha producido un constante descenso del consumo de electricidad. En 2012 fue del 1,7% y solo en enero de 2013 ¡un 4,3%!. La demanda eléctrica ha retrocedido a la de hace cinco años antes y eso supone un pérdida de ingresos de 1.000 M€ cada año, a lo que se añade la falta de liquidez de los bancos que no permite adelantar a las eléctricas el déficit de tarifa.
¿Cómo salvar los ingresos de un modelo basado en consumir cada vez más energía importada con una demanda a la baja? Sólo en 2012 las centrales de gas han visto reducida su producción en un 23% y se ha impuesto un recargo a los consumidores de gas para pagar el importe de 1.400 M€ de la sentencia del laudo que condenó a Gas Natural ante la demanda de la argelina Sonatrach. Desde 2008, según el estudio de APPA sobre el impacto macroeconómico de las renovables, se han incrementado los pagos por capacidad en un 402% y los costes de interrumpibilidad un 117%. Por el contrario, en 2012 el déficit tarifario se incrementó cuatro veces más que el coste de las primas a las renovables.
Si el sistema necesita garantizar más ingresos al régimen ordinario es que la culpa no es de las renovables sino de un modelo basado en el mayor consumo de gas, carbón y nuclear. ¿Y cómo se está haciendo? Primero, eliminando la competencia de las renovables y de la eficiencia energética a través del RDL 1/2012 de moratoria renovable y el RDL aprobado por el Consejo de Ministros de 1 de febrero de 2013 que suponen la pena de muerte a las inversiones renovables y las resoluciones del Ministerio de Industria de 31 de enero que eliminan todas las ayudas a las empresas de servicios energéticos y a los planes de la E-4. Segundo, manteniendo un método de conformación de precios de la electricidad opaco y sin ninguna transparencia que retribuye toda la generación al precio de la más cara, que es el gas y el carbón.
Se levantan todas las barreras a la inversión renovable y al ahorro de energía. En realidad, se penaliza al consumidor, que jamás podrá acceder a las ofertas más baratas y a ser el dueño de su contador y a la economía nacional que seguirá dependiendo de un suministro y unos precios de la energía impuestos por terceros países. La industria y tecnología nacional de renovables se arruina o se deslocaliza siguiendo el lema de “que inventen ellos”. Y todo para que las agencias de calificación dejen de tener en su punto de mira a las eléctricas españolas.
Hay dos evidencias sobre las que reflexionar: que siempre será más barato invertir en renovables que importar gas de Argelia y que la crisis del sistema eléctrico es un obstáculo para la salida de la crisis económica.
