Reindustrializar España es un mensaje repetido por el Ministerio de Industria para mejorar la competitividad de las empresas españolas. En materia de energía, el plan de Industria pretende reducir los costes energéticos a través de medidas concretas como mejorar las interconexiones de gas y electricidad, completar la reforma eléctrica aumentando la transparencia de los mercados, la creación de un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, el apoyo a la exploración y explotación de gas no convencional, tarifas eléctricas basadas en el precio horario del mercado y la generación distribuida. Esta pretensión no se corresponde en nada con la reforma energética que no va a contribuir al objetivo de reindustrializar España sino a encarecer aún más la energía:
Las interconexiones dependen de la voluntad de Europa y el acuerdo del Consejo Europeo de 2002 de alcanzar el 10% de capacidad de interconexión lleva doce años incumplido y ni siquiera se ha alcanzado la mitad del objetivo.
El propio Ministro de Industria ha renunciado a la reforma de la conformación de precios del mercado mayorista en esta legislatura, con lo que se mantendrá la falta de transparencia de los mercados, reconocida por la CNMC al admitir numerosos indicios de anomalías y manipulación.
El Fondo Nacional de Eficiencia Energética se ha creado en el RDL 8/2014, pero queda pendiente para futuras órdenes ministeriales la asignación de los recursos que deberán aportar las empresas que venden energía -eléctricas, gasistas y petroleras- con el ahorro cada año del 1,5% de la facturación a los clientes finales, como obliga la Directiva de Eficiencia Energética.
Las exploraciones de gas esquisto se están autorizando en contra de las autoridades y poblaciones locales, sin análisis de riesgos ni de costes ni de ordenación del territorio, sin responsabilidades ambientales y sin ninguna certeza sobre las reservas, sus precios y plazos.
La nueva factura eléctrica por horas deja al consumidor indefenso ante la volatilidad del mercado mayorista y traslada automáticamente al recibo de la luz todos los déficits del sistema, tal y como establece la Ley 24/2013 y el borrador de decreto que va a cargar el déficit tarifario de 2013 a los consumidores.
La generación distribuida carece de regulación y se impide al consumidor final acceder al autoconsumo fotovoltaico y a la reducción de sus costes energéticos a través del peaje de respaldo y de la subida del término fijo de potencia en el recibo de la luz.
Estas medidas solo pretenden dejar las cosas tal y como están, garantizando la socialización de pérdidas de un sistema eléctrico ajeno a un uso racional de la energía, que es lo único que puede asegurar la competitividad de las empresas. Solo basta compararlas con otras propuestas muy distintas que definen la base de una reindustrialización muy diferente:
El Fondo Monetario Internacional acaba de presentar un informe en el que reclama a los países una nueva fiscalidad de la energía que haga de la tributación una señal para orientar las inversiones hacia las tecnologías limpias y eficientes y penalizar el uso de los combustibles fósiles. Según Bloomberg, la producción de energía con petróleo, carbón y gas se reducirá del 67% en 2012 al 45% en 2030 por la rebaja de precios de la energía solar y eólica.
El Gobierno de Francia ha aprobado su proyecto de Ley de Transición Energética en el que propone reducir el consumo de combustibles fósiles un 30% en 15 años, triplicar el consumo de renovables promoviendo la generación descentralizada, un 30% de ventajas fiscales a la eficiencia energética de edificios y un objetivo del 50% de ahorro de energía final en 2050.
La última Comunicación sobre eficiencia energética de Bruselas considera el ahorro de energía una innovación tecnológica que favorece la recuperación económica, el empleo y la seguridad de suministro y establece un objetivo del 30% de ahorro energético para 2030. Por cada 1% adicional de ahorro de energía se reducirá un 2,6% las importaciones de gas.
Estas medidas confían la competitividad del sector industrial en la eficiencia energética y en la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles. Por el contrario, la paradoja energética de España es que descendiendo el consumo de energía crece la dependencia, las emisiones de CO2 y la factura de las importaciones energéticas. Ante el hecho objetivo de que una mayor participación de las renovables rebaja los precios de la energía, la única medida efectiva de la reforma es frenar la producción y la inversión renovable.
Reducir la dependencia de los combustibles fósiles debería ser el primer objetivo de la política energética, por eso sorprende que en la última década esa propuesta haya sido ignorada por los sucesivos gobiernos. Cuando ahora, sin planificación y sin análisis de riesgos, se autorizan a la industria extractiva exploraciones de hidrocarburos convencionales y no convencionales, se oculta que el problema de fondo es la urgencia de reducir el consumo de gas y petróleo y que el futuro solo será con un modelo energético sin CO2.
La base de la reindustrialización no está en consumir más hidrocarburos sino en asociarla a la innovación energética y las nuevas especializaciones productivas que representan la generación descentralizada y renovable, el autoconsumo y la eficiencia energética. Son la competitividad del futuro al ser las únicas fuentes disponibles y rentables para reducir la dependencia energética. El crecimiento sostenido de la economía y los nuevos modelos de negocio de futuro están necesariamente vinculados a la autosuficiencia energética. Es la reforma pendiente.
