Después de meses esperando la segunda fase de la reforma energética anunciada en los reales decretos 1/2012 y 13/2012, el Gobierno la ha cambiado por un nuevo parche regulatorio con impuestos recaudatorios a todas las tecnologías. Las del régimen ordinario, fósiles y nuclear, los trasladarán a los consumidores y las renovables los detraerán de sus ingresos. Sólo se trata de incrementar los ingresos del sistema que permitan que los próximos meses transcurran con tranquilidad para en 2013 volver a plantear los mismos problemas que ahora se quedan sin solucionar, cuando se repitan las subidas de luz y siga creciendo el déficit de tarifa. La primera conclusión es que se carece de ideas claras sobre lo que se quiere para el futuro de la energía en un país que sigue pagando al exterior el 5% de su PIB para comprar gas y crudo sin inmutarse.
Las consecuencias de esta interminable inseguridad regulatoria en que se ha instalado la política energética es que la incertidumbre seguirá determinando los escenarios de inversión. Hay una diferencia, después de cuatro años de permanentes recortes y ataques a las renovables, alguien ha caído en la cuenta de que no han servido para nada porque, sencillamente, no son el problema sino la cortina de humo que se ha querido anteponer a los costes energéticos más importantes: los de nuestra dependencia y mayor intensidad energética. La Comisión Europea ya lo advirtió en su evaluación al plan de reformas del Gobierno: parar las renovables, incluso con retroactividad, incrementa las importaciones energéticas; el problema es la fata de competencia de nuestro mercado eléctrico que permite grandes beneficios a las centrales amortizadas, nucleares e hidráulicas. La decisión del Gobierno hará que nuestra economía siga perdiendo competitividad por un modelo energético opaco, dependiente y sucio.
Ni siquiera se han atrevido a entrar en usos de la energía que no sea el eléctrico, como el transporte; pero una reforma energética que sea tal deberá entrar en la revisión de los costes regulados que sin ninguna transparencia se han ido incrementando con el tiempo o en la metodología de conformación de precios del pool o en la liquidación de los CTC. Una reforma energética que sea tal deberá abordar el cambio de un modelo energético basado en el consumo y la mayor facturación al consumidor final por otro que incorpore el ahorro y la eficiencia como primera prioridad de política energética y eso solo se puede hacer con más renovables y con un criterio de reducir urgentemente las importaciones de combustibles fósiles. Y ese cambio, paradójicamente, será un factor de crecimiento y de empleo. Cambiar la reforma energética por impuestos indiscriminados es dar gato por liebre.
