Artículo original para la revista Observatorio Inmobiliario. La eficiencia energética es una de las formas más rentables de mejorar la seguridad de abastecimiento energético y reducir las emisiones contaminantes. La aplicación plena de la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética puede suponer un ahorro de costes a hogares y empresas de 38.000 M€ y un ahorro de inversiones en la red de 6.000 M€, lo que aumentará la competitividad de las empresas y el empleo local. La Comisión Europea lo recordó en la Comunicación de 6 de noviembre de 2013 en la que detallaba las orientaciones para la transposición de la Directiva cuyo plazo finaliza en junio. Más de la mitad de los objetivos europeos de eficiencia energética van a depender de los planes nacionales de rehabilitación energética que deberán presentarse a Bruselas el próximo mes de abril en cumplimiento de la Directiva.
La rehabilitación integral supone la mejor oportunidad para reactivar el sector de la edificación y convertir la eficiencia energética en una nueva especialización productiva que incorpore la innovación energética de la generación descentralizada en todos los procesos productivos. El sector de la edificación representa el 40% del consumo final de energía y el potencial de ahorro entre la mayor y menor calificación energética es de un 80%. Este potencial de ahorro representa a la vez un gran potencial de nueva actividad económica y empleo en torno a la integración de la energía como elemento fundamental de la ordenación urbanística.
Desde el año 2013 se ha empezado a desarrollar un nuevo marco normativo para aplicar, aunque solo de forma parcial, los criterios de las normas europeas. El mismo Gobierno que votó contra la Directiva de eficiencia energética en octubre de 2012 ha comenzado a transponerla a través de la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y un proyecto de decreto sobre auditorías energéticas para grandes empresas y promoción de los sistemas urbanos centralizados de calefacción y refrigeración. También se ha actualizado el Código Técnico de la edificación para elevar la calificación energética de los edificios y avanzar hacia el objetivo de edificios de consumo de energía casi nulo.
Estas primeras normas representan una apuesta por la rehabilitación y un concepto más racional del uso de la energía mediante la generación descentralizada a nivel de edificio y de barrio. El objetivo es la rehabilitación energética de los 6 millones de edificios con más de 50 años de antigüedad y el parque de edificios construido con anterioridad a 1980 que supone la mitad del total de 25 millones. El plan nacional a largo plazo de rehabilitación de todo el parque de edificios puede suponer el verdadero lanzamiento del sector de la rehabilitación vinculado al impulso de la economía, la innovación y el empleo.
De las certificaciones energéticas de edificios realizadas desde la entrada en vigor del RD 235/2013 se detecta que el 99% de los edificios necesita actuaciones de eficiencia energética y que el potencial de ahorro es muy significativo pues más del 80% están por debajo de la calificación energética “D”. En el Plan de Ahorro y Eficiencia energética 2011-2020 del IDAE se estima que el cumplimiento de los objetivos de eficiencia energética para esta década supondría triplicar la facturación al año del sector de los servicios energéticos hasta 136.000 M€ y la creación de 500.000 empleos. Estos márgenes son tan significativos que hacen de la rehabilitación una de las políticas más eficaces para la reactivación de la economía. El coste de la energía va a aumentar hasta representar el 50% del coste de explotación de un edificio y la mayor eficiencia energética va a incidir de manera significativa en la valoración de los inmuebles.
Aprovechar esta oportunidad va a depender de la voluntad para completar la transposición completa de la Directiva de eficiencia energética, así como los conceptos de sistema urbano eficiente de calefacción y refrigeración y el de edificio de consumo de energía casi nulo de la Directiva 2010/31/UE de eficiencia de edificios. Ello facilitará la creación de los mecanismos de financiación previstos para respaldar las inversiones en rehabilitación energética. El primero de ellos es la creación de un Fondo Nacional de eficiencia energética con la colaboración de las entidades financieras y un sistema de obligaciones mediante el ahorro del 1,5% al año de las ventas de energía a clientes finales. El segundo serían los contratos de rendimiento energético para financiar las inversiones mediante los ahorros en el recibo de la luz, tal como prevé la Directiva y la propia Ley 8/2013. El tercero sería la obligación para el periodo 2014-2020 de destinar el 20% de los fondos FEDER a proyectos integrales de eficiencia energética.
Pero la financiación de las inversiones en rehabilitación energética exige rectificar la nueva estructura de los peajes en la factura eléctrica que penalizan el ahorro de energía e incentivan el consumo, contraviniendo la Directiva 2012/27/UE que establece la obligación de eliminar las barreras que obstaculizan la eficiencia energética. Es la consecuencia de una reforma eléctrica inescrutable e incoherente que contradice e impide el desarrollo de la Ley 8/2013 de rehabilitación.
Será la coherencia de las políticas públicas la que determine el éxito de esta incipiente normativa sobre eficiencia energética en el urbanismo y la edificación, porque la eficiencia energética debería ser el pilar de cualquier reforma energética por su impacto positivo en la reducción de los costes energéticos de los consumidores y mejora de la competitividad de todos los sectores de la economía
