Resumen: La moratoria renovable aprobada en el RDL 1/2012 se ha hecho a sabiendas de que apenas servirá para nada, ya que el ahorro esperado es tan solo de 160 M€, y que no impedirá que el déficit de tarifa siga incrementándose. Por el contrario, la escalada de costes que para la economía española suponen las importaciones energéticas de gas y petróleo ante la continua inestabilidad en la geopolítica de los hidrocarburos con precios volátiles y crecientes que no podemos controlar constituye la carga más importante de nuestro sistema energético al no contemplar medidas que hagan reducir nuestra elevada dependencia. Parar las renovables cuestiona los objetivos energéticos de la Unión Europea para 2020. Para España supone olvidar la relación directa entre el impulso a las renovables y el cambio de modelo de crecimiento de nuestra economía. Con el RDL 14/2010 ya quedó demostrado que por más que se recorten las renovables la luz seguirá subiendo porque nuestro mayor coste energético es el de la dependencia de los combustibles fósiles. España debería seguir el ejemplo de países como Brasil, Dinamarca, Alemania o Reino Unido que han convertido las renovables en tecnologías estratégicas para el futuro.
El principal impulsor de las energías renovables en Alemania, Hermann Scheer, en su libro póstumo “El Imperativo Energético”, nos dejó un mensaje esclarecedor sobre los cambios que se están produciendo en el modelo energético en todo el mundo: “la batalla por las renovables no es tecnológica sino ideológica”. En nuestro país, el anterior Gobierno y ahora el actual, han utilizado la discrecionalidad administrativa como forma de establecer un permanente estado de riesgo e inseguridad jurídica para las renovables. El reciente RDL 1/2012, al incorporar el término “temporal” a la moratoria para futuras inversiones, mantiene la inestabilidad regulatoria que desde el RD 661/2007, a decreto por semestre, ha sido el método elegido por la Administración para frenar y paralizar el futuro desarrollo de las renovables. Estamos ante una medida temporal indefinida.
El hecho de que paralelamente se pidiera a la CNE un informe para futuros ajustes regulatorios, llama poderosamente la atención porque si no se sabe qué hacer ¿por qué se dispara primero contra las renovables sin ningún tipo de diálogo previo y luego se piden opiniones? Es como reconocer que la moratoria renovable se decide a sabiendas de que no sirve para nada –apenas un ahorro de 160 M€ – y así, siguiendo el ejemplo del libro blanco de 2004, ganar tiempo. Mientras tanto, la ONU, a través del Panel de Sostenibilidad Mundial, ya les ha dado la solución: eliminar de aquí a 2020 los más de 400.000 millones de dólares que los gobiernos gastan cada año en ayudas a los combustibles fósiles y a la nuclear y garantizar el acceso universal a las energías limpias.
La confirmación del riesgo regulatorio para las renovables coincide con el agravamiento de la inestabilidad en los mercados mundiales de hidrocarburos después del embargo al petróleo de Irán, futuros cambios en Argelia y un creciente clima de incertidumbre por las consecuencias de la primavera árabe. La escalada de precios del crudo en los primeros meses de 2012 ha supuesto para la economía española un sobrecoste no previsto de 9.000 M€ y precios record de la gasolina; mientras, las políticas nacionalizadoras de los países que poseen las reservas de gas y petróleo evidencian la vulnerabilidad de nuestras elevadas importaciones de gas y petróleo y la debilidad de nuestras corporaciones energéticas por la enorme dependencia. Lo cierto es que los precios de las materias primas energéticas seguirán al alza, lo que acrecienta los riesgos de suministro energético y la sostenibilidad económica de nuestra dependencia de los hidrocarburos y de nuestra mayor intensidad energética por la mayor necesidad de consumo de esas fuentes. Sorprende que en ningún momento se haya hablado de ahorro de energía; pero menos si se tiene en cuenta que el instrumento más eficaz para mejorar nuestra independencia energética ahorrando energía es el incremento del consumo de fuentes de origen renovable. Resulta un error incomprensible que la regulación no incluya estos escenarios y, por el contrario, que desde 2009 se hayan seguido conectando más de 3.000 nuevos MW de centrales de gas y se hayan autorizado 850 MW más, a la vez que se reconoce un déficit en la tarifa del gas basada en los precios secretos de aprovisionamiento y en la construcción de nuevas infraestructuras gasistas cuya utilización no llega al 50%. La planificación energética desde 2002 no ha podido ser más desacertada.
Parar las renovables hasta nueva orden implica derivar el objetivo del 20,8% de consumo final de renovables hasta 2020, o lo que es lo mismo, que en la presente década sólo se instalen los kilovatios ya autorizados y ni uno más. Es la petición que desde 2010 se lleva haciendo desde los sectores negacionistas que han cuestionado los propios objetivos de la Unión Europea en renovables, ahorro de energía y reducción de emisiones de CO2. Pero supone el fin a un modelo de desarrollo regional y equilibrio territorial que las Comunidades Autónomas, con más visión que el propio Estado, habían planificado desde hace más de una década y que está en la base del éxito del modelo eólico y solar español. Frente a estos efectos, el sector de las renovables tampoco ha cerrado filas sino que, sálvese quien pueda, la mayoría ha reclamado su régimen económico específico previsto en el RDL 1/2012. Si observamos cómo también se ha hecho tabla rasa de la política medioambiental se puede ver cómo ante una política sin complejos contra la economía de las energías limpias, la defensa de las renovables sigue acomplejada.
Dos consideraciones se suelen olvidar cuando se habla de los problemas de nuestro sistema energético, la primera es la relación directa que existe entre el desarrollo de las energías renovables y el cambio de patrón de crecimiento económico. Los problemas de la economía española son, ante todo, de modelo de crecimiento y el cambio de modelo productivo va unido al cambio de modelo energético. Este último decreto ley que paraliza las renovables es continuación de otros del anterior Gobierno y equivocadamente se basan en un mismo principio: muerto el perro se acabó la rabia. No es cierto y esta es la segunda consideración: aunque maten a las renovables, seguirá subiendo la luz y seguirá aumentando el déficit de tarifa. Cabe recordar ahora cómo en diciembre de 2010, cuando se aprobó el RDL 14/2010, se aplicó un recorte a las renovables de más de 4.400 M€ y una limitación del 30% de horas a la fotovoltaica con carácter retroactivo que ha supuesto un recorte de 750 millones más. Pese a la medida, la luz subió un 10% al mes siguiente como consecuencia, según la CNE, del carácter inflacionista de las subastas de la tarifa de último recurso, de los pagos por capacidad a las centrales de gas y de las ayudas al carbón. Ahora volverá a pasar lo mismo. Porque aun siendo las renovables un coste para el sistema, es un coste planificado y regulado y no es el más importante. En 2010 el peso de las primas a las renovables constituyeron el 13% de todos los costes del sistema, por lo que hay un 87% de costes de los que no se habla; por el contrario, los costes energéticos más importantes son los que provienen de nuestras importaciones energéticas que constituyen dos terceras partes del déficit comercial y el mayor consumo de energía, más de un 20% superior a la media europea por unidad de PIB. El coste de nuestra dependencia energética y su impacto en la competitividad de nuestra economía merecería mucha más atención de nuestros organismos reguladores, porque sus precios y costes nos vienen impuestos por terceros países. Esa es la vulnerabilidad energética de España, ante la que hasta ahora se prefiere mirar para otro lado con la excusa de las renovables.
Las energías renovables son la única fuente que permite un análisis coste-beneficio y me remito al balance de sus externalidades que se puede leer en el Plan de Energías Renovables 2011-2020. Son la única fuente cuya previsión en precios y costes para 2020 es decreciente a la vez que se duplica su producción. La falta de transparencia en los costes de nuestro sistema energético es una anomalía frente a la que merecería la pena actuar sin complejos. La opacidad de algunas fuentes, como el gas o la nuclear, hace que el sistema actúe con formas de despotismo ilustrado, que bajo el paraguas de la defensa del consumidor se le impone un modelo que prioriza las fuentes energéticas más caras, inseguras y contaminantes. La falta de una competencia real y la no internalización de los costes reales de cada fuente de energía hacen muy difícil un debate que sea comprensible para la sociedad.
Ha habido países donde las renovables se han vinculado a la identidad nacional y a la estrategia económica nacional. Brasil con el etanol, Dinamarca con la eólica en tierra, Alemania con la fotovoltaica o Reino Unido con la eólica marina son solo algunos ejemplos. Todos compiten mejor que España. Persistir en políticas a corto plazo es un error porque la competitividad de las renovables va a ser un hecho a lo largo de esta década y los países con los que competimos se han empeñado en reducir su dependencia de los combustibles fósiles y de la energía nuclear. Nuestro verdadero fracaso sería no intentarlo y eso pasa por considerar a las renovables como estratégicas para el futuro de nuestro país.
