Artículo original para AERCE. Dos conceptos prioritarios en el análisis coste–beneficio para cualquier toma de decisión de gasto o inversión son los de “sostenibilidad” y “sustentabilidad”. La sostenibilidad se refiere al uso eficiente de los recursos, tanto desde el punto de vista ambiental como económico y social; está vinculado al principio de solidaridad con las futuras generaciones y a una cultura que considera el despilfarro o mal uso de recursos que son agotables y escasos como un error estratégico que a medio plazo puede suponer un incremento de costes insoportable.
La sustentabilidad tiene que ver con las condiciones de mantenimiento de las inversiones o activos a lo largo de toda su vida útil. Precisa de una visión a largo plazo que sustituya el dato coyuntural por el análisis de la trazabilidad de los comportamientos y de los potenciales de ahorro. El mantenimiento se convierte así en una función que exige consideración estratégica y hace que múltiples decisiones de compra, contratación de equipos y servicios sean trascendentales para el futuro.
La energía es un bien esencial de coste creciente y sometido a incertidumbres; pero es, ante todo, factor de competitividad. En el sector de la edificación, la energía constituye el 30% de los costes de explotación y la tendencia es que llegue al 50%; por el contrario, el potencial de ahorro de energía es del 61% y más del 80% está sin explotar. En el sector del transporte, el potencial de ahorro energético es del 41%. Ambos sectores están protagonizando un cambio de percepción en el uso de la energía y en la importancia de incorporar la gestión energética en la toma de decisiones porque la reducción de los costes energéticos ha pasado a ser una urgencia.
Las Directivas europeas 2010/31/UE de eficiencia energética de edificios y la 2012/27/UE de eficiencia energética desarrollan estos conceptos con medidas prácticas a incorporar a las políticas económicas, ambientales y sociales. La directiva de edificios define el “nivel óptimo de rentabilidad” de la eficiencia energética como el nivel que conlleve el coste energético más bajo durante el ciclo de vida útil del edificio, incluidos los costes de mantenimiento y funcionamiento y los ingresos por la energía producida in situ, es decir, el autoconsumo.
La Directiva de eficiencia energética avanza en la definición de los “servicios energéticos” como la combinación de la energía con tecnologías de eficiencia que producen un beneficio a través de un contrato basado en el ahorro verificable de energía. También se definen los “sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes” que deberán atenerse a un previo análisis de costes y beneficios que garanticen su rentabilidad. Ambos instrumentos se han de incorporar a los planes nacionales de rehabilitación de todo el parque de edificios que deberán presentarse este mismo año.
La Directiva establece que las administraciones centrales solamente podrán adquirir o contratar productos, servicios y edificios que tengan la más alta eficiencia energética y lo mismo las administraciones regionales y locales. Las auditorías energéticas serán obligatorias y se fundamentarán en el análisis del coste del ciclo de vida, teniendo en cuenta el ahorro histórico a largo plazo, los contadores deberán ser accesibles al consumidor y con funciones que le permitan participar activamente en la gestión de la demanda y se suprimirán los incentivos que favorezcan el consumo y menoscaben el ahorro de energía.
En la legislación española apenas se ha comenzado a transponer de forma parcial e incompleta estas dos normas europeas a través del RD 235/2013 y la Ley 8/2013. Es un camino titubeante que todavía precisa de medidas mucho más decididas que conviertan la certificación energética y la rehabilitación integral del parque edificatorio en un verdadero motor de reactivación económica y empleo.
No obstante, hace falta que este empeño sea recogido en la reforma eléctrica y en la reforma fiscal, ya que la nueva estructura del recibo de la luz, al subir el coste de la potencia contratada y rebajar el de la energía consumida, penaliza el ahorro de energía y complica la viabilidad de las inversiones en eficiencia energética que carecen de incentivo fiscal. A pesar de ello, la certificación energética está cambiando la percepción del uso de la energía en sectores que hasta ahora no habían entendido la importancia de la eficiencia energética.
La gestión de compras asociada a la eficiencia energética y la reducción de los costes energéticos es ya imprescindible, así como la figura del gestor energético en cualquier empresa o actividad. La responsabilidad social corporativa tiene también aquí un campo de actuación fundamental, pues la consecuencia de un uso más racional de la energía es la reducción de emisiones contaminantes y ese va a ser el mejor legado para las futuras generaciones.
