Acaba de iniciarse el debate de las perspectivas financieras de la Unión Europea para el periodo 2014-2020 y la discusión se ha centrado en el recorte del presupuesto que piden alemanes y británicos; sin embargo, se habla menos de las prioridades de gasto para esta década y de que la eficiencia energética es una de ellas. En el futuro Programa Marco de I+D+i se destinan 6.537 M€ a energía segura, limpia y eficiente, ciudades inteligentes e innovación energética y 7.690 M€ a transporte inteligente y verde. En la política regional se incluyen 17.000 M€ a eficiencia energética y renovables, el doble que en el actual periodo.
Entre los objetivos de política regional destacan el cambio hacia una economía baja en carbono, la adaptación al cambio climático, la protección medioambiental, eficiencia de los recursos y un transporte sostenible. Las principales áreas de inversión en eficiencia energética serán los materiales de construcción, procesos de fabricación industrial, Pymes, hogares y planes de innovación energética en las ciudades. Las experiencias que constituyen la referencia para estas previsiones son los contratos de servicios energéticos, principalmente en edificios públicos en Alemania, y la rehabilitación energética de viviendas sociales en Francia a través de los fondos FEDER.
En los presupuestos de la UE la eficiencia energética es una oportunidad a no desaprovechar por tres razones: porque supone cada año ahorrar un gasto de 107.000 M€ en importaciones de petróleo, equivalentes a más de 500 centrales térmicas de carbón, incrementar el PIB de la UE en 34.000 M€ y la creación de 400.000 nuevos empleos. Se considera que el ahorro de energía tiene un impacto directo y positivo en el crecimiento económico.
Si conocemos las prioridades presupuestarias de Europa, también conocemos que no se corresponden con las prioridades de España. La moratoria renovable y el voto en contra de la nueva Directiva de Eficiencia Energética son decisiones del Gobierno que se contradicen con las directrices de los fondos europeos para los próximos siete años. La primera consecuencia es que España puede perder fondos estructurales por no impulsar el ahorro de energía ni la rehabilitación energética de edificios y, en segundo lugar, seguirá perdiendo competitividad porque el resto de estados miembros sí emplearán esos fondos destinados a eficiencia energética.
Después del estrepitoso fracaso del Plan 2000 ESE de eficiencia energética en edificios públicos y de que en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 siga sin aparecer la más mínima intención de ahorrar importaciones energéticas de carbón, gas y petróleo, la economía española sigue empecinada en demostrar que es la mejor en el derroche de energía y en infraestructuras ineficientes y la peor en hacer innovación y eficiencia energética para impulsar políticas de crecimiento y empleo. Solo nos queda que sean las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos los que incluyan en los Programas Operativos de los fondos estructurales las prioridades energéticas europeas.
