La renta española ha retrocedido al nivel de 1998. España ha perdido catorce años de convergencia con la Unión Europea y la renta de los hogares ha descendido más de un 8,5% mientras los precios de los servicios más esenciales no han dejado de dispararse. Una de las causas directas del aumento del riesgo de pobreza de los hogares es la falta de competencia en los mercados que fijan los precios de la luz, el gas, el teléfono, la hipoteca o la mensualidad de la vivienda que consumen la renta total de más de un tercio de la población. Es la consecuencia del mantenimiento de un régimen de monopolio en los servicios básicos que presiona los precios al alza sobre un consumidor al que se le ha arrebatado su derecho a elegir.
La escalada del precio mayorista de la electricidad durante la última semana ante la próxima subasta que ha de fijar el precio de la luz es una demostración de que la reforma eléctrica se ha hecho a espaldas del consumidor y con el único objetivo de preservar el mecanismo monopolístico de conformación de precios. Ya lo advertía el informe que sobre la reforma eléctrica hizo la extinta Comisión Nacional de la Competencia: el autoconsumo incrementa la competencia e incentiva la bajada de precios de la energía; por lo tanto, las barreras que se han impuesto al autoconsumo perjudican la competencia. La Comisión Europea, en su informe al Consejo Europeo de 22 de mayo pasado, también reconocía que el mayor consumo de renovables contribuye a reducir el precio mayorista de la electricidad.
La eliminación del ahorro y la eficiencia energética de la política energética y de la estructura del recibo de la luz tiene una grave consecuencia para el consumidor, hogares y empresas, porque se le impide reducir sus costes energéticos y hace imposible la financiabilidad de las inversiones en eficiencia. Lo que es una decisión a corto plazo para garantizar los ingresos del sector eléctrico, en realidad supone mantener el monopolio de los precios de la luz a costa de sacrificar la libre competencia y la futura estabilidad del sistema, porque la demanda eléctrica va a seguir a la baja en los dos próximos años según las perspectivas de crecimiento y empleo del FMI y la UE.
La reforma eléctrica constituye un enorme retroceso de la competencia. Pero de una reforma que sigue incentivando el mayor consumo y despreciando el ahorro de energía y las renovables está emergiendo un nuevo perfil de consumidor más exigente que valora los beneficios del ahorro y la protección del medio ambiente y que comienza a tomar conciencia de que el monopolio de la energía es una barrera para reducir sus costes energéticos y gestionar su propia demanda.
El grado de competencia en los mercados de la energía determina igualmente el nivel de la seguridad jurídica. La principal consecuencia de una mayor competencia y seguridad jurídica es darle al consumidor la libertad de ejercer su derecho a elegir y reducir sus costes energéticos. Es la condición necesaria para que se reduzcan los precios de la energía; pero ese no ha sido el objetivo de la reforma. Cualquier política que no se plantee la prioridad de proteger los derechos de los consumidores está llamada al fracaso y cualquier reforma que impida la mayor competencia es incompatible con la salida de la crisis.
