La Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas lleva dos meses en vigor. La intención, en el momento en que la crisis parece haber tocado fondo, puede ser trascendental: facilitar la rehabilitación y regeneración de barrios y la eficiencia energética del parque edificado como instrumento de recuperación económica y creación de empleo.
La Ley 8/2013 parte del reconocimiento de la distancia que nos separa de Europa en eficiencia energética y del bajo porcentaje que la rehabilitación representa en la actividad del sector de la construcción. Su contenido es relevante en lo que se refiere al uso racional de la energía, introduciendo nuevos conceptos como la rehabilitación y autosuficiencia energética de barrios o sistemas centralizados de calefacción y refrigeración.
Mejora el RD 235/2013 en lo que se refiere a la certificación energética de edificios. Ahora se considerará como parte del Informe de Evaluación de Edificios y de ella procederá la ejecución de las recomendaciones de mejora. Su incumplimiento tendrá la consideración de infracción urbanística y cualquier falseamiento en sus datos se someterá a un régimen de infracciones y sanciones que irán desde 300 a 6.000 euros. Todos estos aspectos serán desarrollados y aplicados por las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
Entre los fines que se establecen en su artículo tercero para las políticas públicas destinadas al medio urbano está “priorizar las energías renovables frente a los combustibles fósiles y combatir la pobreza energética con medidas a favor de la eficiencia y ahorro energético”. Los objetivos de eficiencia energética se enmarcan en la Directiva 2010/31/UE de eficiencia energética de edificios y la 2012/27/UE de eficiencia energética que establece en su artículo cuatro la aplicación para 2014 de una estrategia nacional de renovación de todo el parque de edificios.
Se facilita la rehabilitación energética para espacios que consigan reducir el 30% de la demanda energética de calefacción y refrigeración a través de actuaciones en la envolvente del edificio, instalaciones centralizadas e integración de renovables. Estas actuaciones requerirán un informe de viabilidad económica en el que participarán las empresas de servicios energéticos a través de los contratos de rendimiento energético y de financiación por terceros.
Pero el apoyo al ahorro de energía e integración de renovables en la renovación urbana que ha propuesto el Ministerio de Fomento se contradice con la reforma eléctrica aprobada por el Ministerio de Industria que, a través de los peajes que suben el término de potencia hasta 10 kW en un 72% y rebajan el de consumo de energía en un 22% y el peaje de un 27% que se impone al autoconsumo, han desincentivado por completo la eficiencia energética y el autoconsumo. No se puede entender cómo a la vez que entra en vigor la Ley 8/2013 se aprueba una reforma eléctrica que penaliza el ahorro de energía e incentiva el mayor consumo. Los nuevos peajes eléctricos son un castigo a los pequeños consumidores, hogares y pequeñas empresas, es decir, a los consumidores que están por debajo de la media de consumo eléctrico y el peaje que se impone al autoconsumo hace más caro el peaje que el ahorro por autoconsumir.
La contradicción es más grave si se considera que a los programas de ayudas a la vivienda y al ahorro energético del RD 233/2013 por más de 2.400 M€, más las líneas ICO e IDAE, se van a sumar el 20% de los fondos FEDER y más de 6.000 M€ del programa HORIZON para el periodo 2014-2020 que para España supone contar con hasta 4.000 M€ para eficiencia energética de edificios en los próximos siete años. Aprovechar esta oportunidad debería ser una prioridad del Gobierno, pero si el Ministerio de Industria ha decidido imponer una barrera que hace inviable la eficiencia energética, la intención de rehabilitar energéticamente el parque de edificios queda seriamente tocada.
Otro de los objetivos de la Ley 8/2013 es aumentar la proporción de actividad en el sector inmobiliario y de la construcción dedicada a rehabilitación, hoy muy alejada de la media europea. Si se consiguiera llegar, por lo menos, a los seis millones de viviendas con más de cincuenta años de antigüedad se daría un avance espectacular. Sin embargo, las barreras impuestas a la eficiencia energética en la reforma eléctrica no van a favorecer cambios en el mercado.
La Ley debería haber avanzado más en la trasposición de las directivas europeas de eficiencia energética que obligan a poner en marcha para 2014 planes de rehabilitación y eficiencia energética de edificios con medidas concretas para movilizar las inversiones necesarias. En el preámbulo de la Ley 8/2013 se plantea la rehabilitación como instrumento para cambiar el modelo productivo. Y esta es la cuestión, para que la rehabilitación sea una prioridad hay que cambiar el concepto de la economía y la energía. Pero antes tendrán que ponerse de acuerdo los ministros.
Artículo original para Be ENERGY
