IRENA y la irrelevancia de España

En septiembre de 2011 el PP anunció un cambio drástico en la política de lucha contra el cambio climático. Después de un año en el gobierno ha convertido a España en uno de los gobiernos del mundo más abiertamente negacionista. Hace un año se aprobó la moratoria renovable, en marzo se retiraron los fondos del IDAE dedicados a ahorro de energía, en octubre se rechazó la nueva directiva de eficiencia energética, siguen sin aprobarse los decretos de autoconsumo y certificación energética de edificios, España ha dejado de asistir a las cumbres del G-20 sobre el clima y hace unos días ha abandonado su puesto entre los 21 países que forman el Consejo de la Agencia Internacional de Renovables (IRENA) sin ninguna explicación oficial.

La cultura del no en energía y medio ambiente se ha establecido en la política española contribuyendo a un aislamiento labrado a pulso a base de cuestionar con normas restrictivas la política energética y ambiental de la Unión Europea. Si el Consejo Europeo de marzo de 2007 y las sucesivas directivas de renovables y eficiencia energética tenían como prioridad levantar las barreras que obstaculizaban el desarrollo del mercado de renovables y de servicios energéticos, en España no han dejado de aprobarse normas en contra de esos objetivos.

Esta política del negacionismo se corresponde con el escaso entusiasmo europeísta de los dos últimos presidentes del Gobierno. El resultado más grave se ha podido constatar esta última semana en la que la Comisión Europea ha dejado fuera a España de la posibilidad de no contabilizar en el déficit público las inversiones dedicadas al crecimiento económico. La protesta del Ministro de Economía ante la pérdida de peso en las instituciones europeas oculta la inoperancia de la política española en el marco europeo y que tiene su mayor reflejo en la política fiscal y energética.

Las causas de este aislamiento tienen mucho que ver con la percepción de buena parte de la sociedad española. Una corrupción amparada por normas que permiten que condenados penales puedan dirigir bancos o que defraudar sea rentable en un país con el 27% de la población -12,5 millones de personas- en riesgo de exclusión social es incompatible con más austeridad. Y si las previsiones apuntan a un crecimiento negativo y más destrucción de empleo en 2013, hay que acreditar con datos por qué se anuncia lo contrario desde el Ministerio de Economía. Como pretender que la excesiva dependencia del gas de Argelia no sea objeto de preocupación a la luz de las declaraciones oficiales y de los medios de comunicación y, por el contrario, nos permitamos el lujo de despreciar la internacionalización de nuestra industria nacional de renovables e ignorarla como motor de reactivación económica y empleo.

La injustificada espantada de IRENA por parte del Ministerio de Industria refleja la nula voluntad de respetar consensos y la idea de que no somos un país fiable a la vista de cómo entramos y salimos de nuestros compromisos internacionales.