El 30 de octubre de 2014 se firmó el Acuerdo de Asociación para España 2014-2020 que abarca los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) que, según la Comisión Europea, “constituyen la base de la estrategia de desarrollo de España a medio y largo plazo para impulsar el cambio hacia un modelo de crecimiento más inteligente, sostenible e integrador”.
Son más de 36.900 millones de euros que pretenden elevar la tasa de empleo del 59% de 2012 al 74% en 2020, rebajar el abandono escolar del 24,9% al 15% y reducir en 1,5 millones las personas en riesgo de exclusión social. Los objetivos energéticos de los Fondos EIE proponen alcanzar una significativa reducción del consumo de energía en los edificios y en las empresas para lograr el objetivo del 20% de ahorro de energía primaria en 2020 y que un 22% de la dotación total de los fondos se destine a los objetivos de lucha contra el cambio climático.
Naturaleza de los Fondos de la Unión Europea 2014-2020
- reconocen el papel clave de las ciudades para el cumplimiento de los objetivos de energía y clima en la Unión Europea y
- establecen una relación directa entre el impulso a la eficiencia energética y a las energías renovables y la creación de empleo de calidad, mejora de la productividad, la competitividad y la cohesión social.
¿Cómo se está aprovechando el potencial de los fondos europeos?
Si nos atenemos al principal objetivo, la tasa de empleo de España al finalizar 2016 era del 60%, apenas un 1% más que en 2012. Los datos de la OCDE, del Foro Económico Mundial y de Eurostat confirman que la tasa de escolarización en Formación Profesional es la más baja de la Unión Europea, que España está a la cola de Europa en formación y productividad de sus trabajadores y posee la peor tasa de conversión de empleo temporal en fijo, el 9,8% cuando en 2006 era del 30%.
Falta una explicación de cómo se han gastado los recursos del Fondo Social Europeo (FSE) para un resultado tan desastroso; con mayor motivo cuando se detecta que en muchos casos faltan capacidades profesionales para las actividades que forman parte de lo que Europa ha definido como modelo de crecimiento sostenible. Los recursos del FSE deberían impulsar las nuevas especializaciones productivas necesarias para el cumplimiento de los objetivos de lucha contra el cambio climático, que son la columna vertebral de los fondos estructurales: la generación distribuida y la gestión de la demanda con renovables, eficiencia energética y dispositivos inteligentes.
Tampoco desde la política energética se han requerido esas nuevas especializaciones productivas. La regulación eléctrica no ha dejado de levantar barreras al uso de las energías renovables y a la eficiencia energética con el argumento de garantizar la sostenibilidad económica de las energías convencionales, más contaminadoras. La autocomplacencia del Ministerio de Energía afirmando que España ya cumplió en 2015 el objetivo de eficiencia energética de 2020, que con las subastas de renovables a gran escala alcanzaremos el objetivo de renovables e ignorando el CO2 en la planificación es un sarcasmo que hará perder a España recursos europeos.
La regulación eléctrica es un freno a la optimización de los Fondos Europeos
Las barreras impuestas a la renovables y a la eficiencia energética son también barreras a una mayor utilización de los fondos europeos. Bastan algunos ejemplos, como subir un 100% el término de potencia, la apuesta por el gas y el rechazo a las renovables para la rehabilitación energética de edificios y para el transporte sostenible, no incorporar las renovables ni el edificio de consumo nulo en los códigos de construcción, penalizar todas las formas de autoconsumo, regulación del gestor de carga para el vehículo eléctrico, plan de contadores sin facilitar la interacción de los consumidores con su contador, subastas que discriminan a las pequeñas instalaciones renovables, inseguridad jurídica para las renovables, etc.
Todos los instrumentos que desde Europa se quieren impulsar a través de los fondos estructurales para priorizar la sostenibilidad ambiental tienen su correspondiente barrera en la regulación para anteponer la sostenibilidad económica del sistema eléctrico y de los combustibles fósiles.
Todas las comunicaciones de Bruselas sobre eficiencia energética insisten en su gran potencial de creación de empleo de calidad y por esa razón ha destinado una gran parte de los fondos europeos al ahorro de energía. Este hecho no se ha tenido en cuenta en España, con la excepción de la iniciativa de las ciudades, pioneras en afrontar los riesgos climáticos, que han considerado el ahorro de energía como como una oportunidad de desarrollo y cohesión.
Hay una relación directa entre la regulación eléctrica y el modelo productivo. Optimizar los fondos asignados a España por la Unión Europea es una responsabilidad del Estado que en estos momentos está condicionada por la regulación eléctrica, la regulación laboral y la medioambiental. Los datos son tan alarmantes como para que importen cuando aún resta la mayor parte del periodo de programación.
