Las políticas fallidas del Gobierno respecto a la rehabilitación, así como las secuelas de un modelo de negocio inmobiliario basado “en facturar lo más posible”, hacen difícil el arranque de una actividad que promete ser un instrumento de recuperación económica y de empleo. Javier García Breva, presidente de N2E y presidente de la Fundación Renovables va más allá y aboga por darle a la calificación energética un impacto fiscal.
¿Está fomentando la rehabilitación realmente la nueva Ley 8/2013 o no se está percibiendo apenas el cambio?
La ley 8/2013 es una buena ley de rehabilitación y un buen marco para que la eficiencia energética de edificios sea un criterio prioritario en la nueva edificación y en la rehabilitación. Es el primer esfuerzo serio que se hace para acercarnos a las normas europeas de eficiencia energética. La posterior actualización del CTE en la Orden 1635/2013 de Fomento confirma la intención de avanzar hacia el objetivo de edificios de consumo de energía casi nulo en 2020. En el artículo 10 de la ley se facilita la rehabilitación energética para espacios que consigan sustituir el 30% de la demanda energética de origen fósil por otra renovable.
El problema de la ley es que su aplicación va a depender del rigor con que se desarrolle por las Comunidades Autónomas y de las barreras que la reforma eléctrica del Ministerio de Industria quiere imponer al ahorro de energía subiendo exageradamente la parte fija de potencia en el recibo de la luz y rebajando la correspondiente al consumo de electricidad.
¿Por qué no estamos a la misma altura que Europa en materia de rehabilitación?
La energía ha sido un factor ausente e ignorado durante el boom inmobiliario y se ha creado un sector derrochador de energía y de recursos ayudado por un modelo de negocio basado en facturar lo más posible al consumidor final. Esto ha influido en un modelo especulativo con una cultura dirigida a hacer a todo ciudadano propietario de su vivienda. Ese modelo especulativo ha hecho durante mucho tiempo preferible derribar que rehabilitar porque el beneficio a corto plazo era mayor. El enorme potencial de ahorro de energía en los edificios ha sido la conclusión de ese proceso y ahora la oportunidad de que la rehabilitación energética sea un factor de reactivación económica. El problema es que ello exige otro concepto de economía y otro concepto del uso de la energía.
¿Cuáles son los principales obstáculos que impiden arrancar a esta actividad en España?
La principal barrera es la casi inexistencia de acciones ejemplarizantes de las Administraciones públicas. El fracaso de los planes del anterior Gobierno de rehabilitación de edificios públicos ha sido poco analizado, pero es un ejemplo elocuente. En segundo lugar, falta un marco normativo de carácter vinculante que en nuestro caso tiene la dificultad de que la Administración central ha transferido la mayoría de competencias a las autonomías. El retraso de la transposición de las directivas europeas es clamoroso. Y finalmente, se carece de financiación para movilizar recursos que impulsen las inversiones en rehabilitación. Los planes de ayudas del RD 233/2013 son importantes, así como el incremento de los fondos europeos y del FEDER para el periodo 2014-2020, destinados a rehabilitación energética de edificios.
¿Harían falta más incentivos fiscales para las inmobiliarias o los propietarios para favorecer las reformas? ¿Cómo cuáles?
Las señales de precio son decisivas y la mejor manera de fomentar la rehabilitación energética es incentivar todas aquellas actuaciones que consigan ahorros de energía y de emisiones de CO2 y penalizar las que supongan mayor consumo de energía y emisiones contaminantes, es decir, darle a la calificación energética un impacto fiscal.
¿Qué más sería necesario para darle un impulso verdadero al sector?
Lo primero que cabría pedir es más coherencia en las políticas públicas. Las normas de Fomento y de Industria en estos momentos son contradictorias. La rehabilitación energética es una política transversal y si los mensajes de la Administración no son coincidentes, la credibilidad de estas políticas se pierde. Eso afecta a la seguridad imprescindible de cualquier inversión. En segundo lugar, una apuesta decidida por implementar políticas de crecimiento económico y eso pasa por dinamizar la demanda interna, algo que no se está haciendo.
¿El mayor potencial de la rehabilitación estaría en las seis millones de casas en España con más de 50 años de antigüedad que habría que reformar?
La Ley 8/2013 incide más en ese segmento y hace obligatorias las actuaciones a los cinco años de cumplir esa antigüedad de 50 años. Pero el ámbito se extiende al 58% del parque de 25 millones de viviendas construidas antes de 1980. Sin embargo, en la disposición transitoria 1ª de la ley se establece que las Comunidades autónomas y los Ayuntamientos decidirán ampliar el ámbito al resto de edificios. El criterio va a depender de la voluntad política de CCAA y municipios.
¿Cuáles son las principales vías con mayor potencial para explotar la rehabilitación como actividad económica en España?
Las actuaciones se deben de dirigir hacia la rehabilitación de edificios y viviendas, la regeneración de la urbanización y sistemas urbanos y la rehabilitación de barrios con un criterio de viabilidad económica. Las acciones principales han de ser las que afecten a la envolvente de edificios, dispositivos bioclimáticos, instalaciones y sistemas centralizados de calefacción y refrigeración e integración de renovables.
¿Cree que la introducción del certificado de eficiencia energética obligatorio está haciéndose tomar en serio la rehabilitación entre los promotores y los propietarios?
El RD 235/2013 concibe la certificación como un papel más para la compra, venta o alquiler del edificio. Su aplicación está desvirtuando por completo la certificación energética hasta el ridículo. La Ley 8/2013 mejora el decreto al convertir la certificación energética en parte del Informe de Evaluación del Edificio (antigua ITE), compromete la ejecución de sus recomendaciones, su incumplimiento será considerado como infracción urbanística y su falseamiento será sancionable hasta con 6.000 euros. La nueva actualización del CTE va a elevar la calificación energética mínima a B y se inicia así un cambio que acabará por que el mercado exigirá una certificación energética A o B y finalmente solo A.
Lo que ha pasado con los electrodomésticos eficientes pasará con la calificación energética de los edificios, pues los promotores competirán por la mejor calificación energética y los propietarios exigirán información energética fiable para tomar sus decisiones.
¿Prevé un repunte cercano en la concesión de visados para rehabilitar vivienda en España en un futuro próximo?
La entrada en vigor de la Ley 8/2013 y el rigor con que la desarrollen y apliquen las administraciones autonómica y local será la mejor señal al mercado. Pero los nuevos peajes eléctricos perjudican la financiabilidad de la rehabilitación energética. La financiabilidad será la clave junto con una mayor concienciación de los propietarios sobre el coste de la energía.
¿Cree que alguna vez la rehabilitación de vivienda llegará a desbancar a la compraventa de pisos como principal actividad del sector inmobiliario?
La rehabilitación es un instrumento de recuperación económica y de empleo. En un momento de grave crisis es de las pocas políticas de crecimiento que se pueden establecer y de recuperación de la demanda interna. El potencial de ahorro de energía en el sector de la edificación es cercano al 50% de media y eso puede suponer a los consumidores finales un ahorro de 7.000 millones de euros en el consumo de electricidad cada año. A su vez, la eficiencia energética revalorizará los edificios ya existentes. Creo que es una visión nueva y atractiva no para desbancar, pero sí para equilibrar el mercado.
Entrevista original para Pisos.com
