La inflación ha vuelto a subir en febrero por el crecimiento de los precios de la gasolina a pesar del “efecto lunes” y de que su consumo sigue descendiendo y el Ministro de Industria acaba de anunciar que el déficit de tarifa sigue descontrolado después de cinco decretos en un solo año y a pesar del descenso de la demanda eléctrica. La economía española tiene dos cuellos de botella cuyo origen está en el uso de la energía: un patrón de crecimiento basado en el consumo masivo de hidrocarburos importados del exterior y una falta de competencia absoluta en el mercado energético. Los dos explican por sí solos nuestros déficits energéticos, el tarifario y el comercial, y una inflación que penaliza la renta disponible y los tipos de interés.
El ultimátum que la Vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes, dio al Ministro Soria a finales de febrero, amenazando con abrir un procedimiento de infracción a España por la falta de independencia de los organismos reguladores en el proyecto del Gobierno de fusión de los mismos, revela con qué empeño se quiere anular el trabajo independiente de la CNE, la CNC y la CMT. Y lo que no conoce la Vicepresidenta europea es la reciente censura del Tribunal Supremo al excesivo número de recomendados del PP y del PSOE en el Tribunal de Cuentas, censura que se puede trasladar a nuestros organismos reguladores de la energía y la competencia. El proyecto de ley para fusionarlos a todos en una Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) va a ser enmendado, pero su resultado no puede seguir viciado por la práctica de ocuparlos por personas vinculadas a los partidos gobernantes y a los cárteles energéticos.
El futuro de la economía española depende de una ley que defienda la competencia frente a “la captura del regulador” y garantice la independencia de los organismos reguladores al margen de los intereses políticos y de las grandes corporaciones; de lo contrario, la falta de competencia seguirá agravando nuestra crisis económica y energética. Perseguir los cárteles y los monopolios beneficia a la economía productiva, favorece la competitividad y a los consumidores y esa función exige la independencia de las instituciones que vigilan la competencia para que los intereses de la sociedad prevalezcan sobre un modelo económico y energético no democrático.
Estamos ante un proyecto trascendental que la miopía política está dejando fuera del debate porque solo interesa el control de las instituciones antes que su función; pero que entremos en la senda del crecimiento y el empleo va a depender de leyes que abran la competencia y no la cierren. La moratoria renovable y la eliminación de las políticas de eficiencia energética son un ejemplo de cómo reducir la competencia para asegurar los ingresos a las pocas empresas que copan el mercado.
