El informe de junio sobre el Estado de la Certificación Energética de los edificios que elaboran el IDAE y los Ministerios de Industria Energía y Turismo y Fomento con los datos proporcionados por la Comunidades Autónomas muestra el balance del primer año de vigencia de la certificación energética. El número de edificios certificados hasta los primeros meses de 2014 es de 14.140 de nueva construcción y 645.359 de edificios existentes.
Aunque se trata de un primer balance que está lejos de lo que sería deseable y que refleja una preocupante lentitud en la aplicación de la normativa sobre la certificación, se puede apreciar un cambio de percepción de la eficiencia energética en sectores que hasta ahora la habían ignorado, como el sector inmobiliario y el de la construcción, que permite pensar en que estamos ante el primer paso hacia una nueva cultura del uso de la energía en la edificación.
Solamente el 6% del parque de 10 millones de edificios existentes poseen la certificación energética y si lo valoramos en número de viviendas apenas representa el 2,5%. El 99% de los edificios con certificación energética requieren actuaciones de eficiencia energética al tener una calificación energética entre las letras C y la G, pues solo el 1% ha conseguido la calificación B y el 0% la más alta que es la A, mientras el 85% se sitúan por debajo de la letra E. Si se tiene en cuenta que el diferencial de consumo energético entre la mejor calificación, que es la A, y la más baja, que es la G, es del 80%, la principal conclusión es que la rehabilitación energética de edificios debería ser una prioridad de la política económica y de la política energética.
Con respecto a la nueva edificación, los datos que se ofrecen se refieren a la calificación energética en emisiones de edificios acabados de nueva construcción. Aquí se percibe un cambio de tendencia, pues un 14% se sitúan entre las calificaciones más altas, la A y la B, un 12% en la C y el 74% restante entre la D y la G. Está claro que, aunque la nueva normativa ha iniciado una tendencia de mejora en la eficiencia energética de los nuevos edificios, no va a permitir alcanzar los objetivos de las directivas europeas de eficiencia energética de edificios y de eficiencia energética para 2020.
El marco normativo de la certificación energética del RD 235/2013 la limitaba a las operaciones de compra, venta y alquiler de edificios, la Ley 8/2013 la incluyó en el nuevo Informe de Evaluación de Edificios, con propuestas de subsanación o mejora y régimen de infracciones y sanciones con la posibilidad de ampliar su alcance a todos los edificios. Su aplicación depende del desarrollo normativo que corresponde a las competencias de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos en cuanto al alcance, registro, inspección y sanciones. Los datos reflejan que todavía hay una buena parte de las administraciones públicas que no se han tomado en serio la certificación energética.
Otro hecho que está retrasando la aplicación de la certificación es la lentitud en el desarrollo del “Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016”. Aprobado en abril de 2013 mediante el RD 233/2013, han pasado 15 meses hasta que en el Consejo de Ministros de 18 de julio pasado ha vuelto a aprobar el mismo plan, ahora con la autorización para firmar convenios con todas las Comunidades Autónomas y distribuir los 2.300 M€ de ayudas públicas destinadas, entre otros fines, a eficiencia energética- hasta 5.000 € por vivienda-, rehabilitación -hasta 11.000 € por vivienda- y ayudas hasta el 50% del coste del Informe de Evaluación del Edificio. Si el primer año se ha perdido, quedan tres para impulsar los Informes de evaluación y las certificaciones energéticas porque son la clave del impulso a la rehabilitación energética de edificios y del aprovechamiento de su potencial de ahorro energético, dado el impacto positivo en la actividad económica y el empleo.
La certificación energética es el primer eslabón de una cadena de normas y acciones que llevan implícito un cambio en las prioridades del modelo económico y energético. No es la oferta, sino la demanda la que obliga a implantar nuevos modelos de negocio energético orientados a los consumidores finales y a los servicios energéticos y una política económica que desconecte el crecimiento del consumo energético. La gran debilidad de la reforma eléctrica es haber prescindido de los objetivos de eficiencia energética.
Sin certificación y sin la exigencia de una alta calificación energética no hay auditoria ni rehabilitación posible y, lo que es peor, el valor de los edificios irá menguando en la misma medida que crezcan sus costes energéticos. Por esa razón, los cambios en el uso de la energía son una condición imprescindible para asentar la recuperación de la economía.
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